La Corte Constitucional, a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, solicitó a la Contraloría General de la República revisar las fallas detectadas en el esquema de pagos de ayudas humanitarias a las víctimas de desplazamiento forzado. La decisión, contenida en el Auto 530 de 2026, responde a un informe de la Contraloría Delegada para el Posconflicto que evidenció dificultades operativas en el sistema de giros, entre ellas 21.907 pagos reintegrados que no llegaron a sus beneficiarios.
El alto tribunal puso en conocimiento de la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social el contenido del informe, con el fin de que se evalúe la procedencia de actuaciones de vigilancia y control fiscal sobre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entidad responsable de la gestión de estos recursos. El informe de la Contraloría no establece por sí mismo un hallazgo fiscal, daño patrimonial ni responsabilidad fiscal, sino que describe situaciones objetivas que deberán ser analizadas por el órgano de control competente.
Cifras del esquema de pagos
Según los datos analizados por la Corte, con corte al 30 de junio de 2026, se colocaron 246.668 giros de atención humanitaria, de los cuales 198.588 fueron pagados efectivamente y 26.173 permanecían vigentes. Sin embargo, 21.907 giros fueron reintegrados, lo que evidencia problemas en la entrega efectiva de las ayudas. El informe también señala fallas en la cobertura territorial, disponibilidad de efectivo, conectividad, cargue de beneficiarios, validación de identidad, bloqueos de giros, trazabilidad, conciliación y pagos parciales o incompletos. Estos obstáculos afectan directamente a una población que ya vive en condiciones de vulnerabilidad por el desplazamiento forzado.
Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional
La Sala Especial de Seguimiento actúa en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, que reconoció la falta de respuesta estatal frente al desplazamiento forzado. Mediante el Auto 1206 de 2026, la Corte requirió información sobre las actuaciones emprendidas a partir de los datos entregados por la Contraloría. De identificarse hallazgos fiscales, irregularidades o anomalías, la Contraloría deberá informar las consecuencias de sus actuaciones ante el tribunal.
La Sala Especial continuará el seguimiento para verificar la capacidad del Estado de responder de manera efectiva, oportuna y digna a las víctimas de desplazamiento forzado.
Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004
El proceso también está vinculado al Contrato Interadministrativo 2064 de 2026, que hace parte de la posible revisión fiscal. La decisión de la Corte reafirma la necesidad de garantizar que las ayudas humanitarias lleguen a quienes las requieren, en medio de un escenario donde la confianza en las instituciones y la protección de los derechos de las víctimas siguen siendo desafíos centrales para el Estado colombiano.
