Un total de diecisiete ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Medellín y retornados a su país de origen, luego de que las autoridades los identificaran por su presunta vinculación con diversos delitos cometidos en la capital antioqueña. Así lo dio a conocer el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien lideró el anuncio en medio de la estrategia de seguridad que viene adelantando la administración distrital para reforzar la convivencia en distintos sectores de la ciudad. El operativo, que se desarrolló de manera articulada entre la Alcaldía de Medellín, Migración Colombia y la Policía Nacional, respondió a los procedimientos establecidos por la normativa colombiana para la aplicación de causales administrativas o judiciales de expulsión.
De acuerdo con el pronunciamiento del mandatario local, los ciudadanos expulsados registraban anotaciones y antecedentes por delitos como hurto, tráfico o porte de estupefacientes, porte de armas blancas y participación en riñas que tuvieron lugar en distintos puntos de Medellín. Sin embargo, el dato que más llamó la atención dentro del balance entregado por la Alcaldía es que tres de los expulsados presentaban requerimientos judiciales vigentes en Venezuela por delitos de mayor gravedad, tales como hurto agravado, homicidio y secuestro. Sobre estos casos, el alcalde Gutiérrez no ocultó su molestia y se refirió con dureza a la situación: «Luego de ser identificados con antecedentes y anotaciones relacionados con delitos como hurto, estupefacientes, porte de armas blancas y riñas aquí en Medellín. Tres de ellos tenían incluso requerimientos judiciales en Venezuela por hurto agravado, homicidio y secuestro. Descarados», expresó el mandatario local durante el anuncio.
Un falso religioso entre los expulsados
Entre las personas que fueron sacadas del país también se encontraba un hombre que, según lo revelado por el propio alcalde, solía presentarse en espacios públicos de Medellín con indumentaria de tipo religioso para pedir dinero, pero que en realidad era señalado por las autoridades como un estafador. El caso generó particular repercusión, pues esta persona habría aprovechado la buena fe de los ciudadanos para cometer sus fechorías, valiéndose de una apariencia de credibilidad y de un supuesto vínculo con la fe para engañar a transeúntes y comerciantes. Aunque en el mensaje oficial no se detallaron las identidades de los 17 expulsados, ni los sectores específicos donde fueron ubicados, ni las resoluciones administrativas que respaldaron cada procedimiento, la administración distrital reiteró que todos los procesos se adelantaron dentro del marco legal vigente.
El alcalde Gutiérrez aprovechó la coyuntura para enviar un mensaje contundente a la ciudadanía y a quienes pretenden delinquir en Medellín. «El que venga a Medellín a trabajar, a invertir y a hacer las cosas bien, siempre será bienvenido», señaló el mandatario, quien agregó que «aquí manda la ley». Este anuncio hace parte de una estrategia de seguridad más amplia que la Alcaldía de Medellín viene ejecutando de la mano con Migración Colombia y la Policía Nacional, con el fin de ubicar a personas que tengan causales de expulsión y materializar su salida del país de manera legal y ordenada. En ese sentido, se anunció que estos operativos continuarán desplegándose por toda la ciudad, tal como se ha venido haciendo en las últimas semanas.
Cabe recordar que la expulsión de extranjeros es una medida de tipo administrativo y no una condena penal, por lo que cada caso debe pasar por una evaluación previa de las autoridades competentes. En el marco de esta misma política de control migratorio, se conoció además un caso separado ocurrido en el municipio de Itagüí, donde dos ciudadanos venezolanos fueron detenidos el pasado 10 de septiembre como parte de un operativo similar. La administración municipal ha insistido en que estas acciones buscan garantizar la seguridad y el orden en la ciudad, sin estigmatizar a la población migrante que se encuentra en condición regular y que aporta al desarrollo de la capital antioqueña. La conseja de la alcaldía es clara: la ley es el marco de actuación y quien la viole, sin importar su nacionalidad, tendrá que asumir las consecuencias.
