La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, rindió indagatoria este jueves 17 de septiembre ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por su presunta intervención en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en la cárcel La Picota, que permitió la incautación de un arma de fuego vinculada al entonces recluso Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, jefe de la estructura urbana La Inmaculada.
La congresista compareció ante el alto tribunal para responder por su participación en el allanamiento realizado el 10 de julio de 2025, luego de que la Corte buscara establecer si excedió sus funciones al acudir como garante de la entrega del arma o si tuvo una participación directa en la diligencia, lo que podría configurar un abuso de función pública por usurpación de competencias judiciales y penitenciarias. La citación a indagatoria se había aplazado inicialmente el 26 de junio, debido a un viaje internacional alegado por la senadora, quien esta vez llegó a la Corte sin entregar declaraciones a los medios de comunicación.
Los hechos bajo investigación
La diligencia que originó la investigación se realizó en el pabellón de extraditables de La Picota, donde el arma de fuego fue ubicada a partir de información suministrada por el propio alias Pipe Tuluá, quien permanecía recluido en ese sector y que, según la hipótesis judicial, habría señalado que la pistola iba a ser utilizada en un atentado contra Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de la banda Comandos de Frontera, también recluido en el mismo pabellón. Precisamente, la presencia de la senadora en el operativo se habría dado en calidad de garante de la entrega del arma, una versión que la congresista ha mantenido como parte de su defensa.
En ese sentido, Zuleta ha sostenido que su intervención respondió a un marco de verificaciones relacionadas con el proceso de paz y que, incluso, pidió al Ministerio de Justicia un acompañamiento institucional para formalizar la entrega del arma, actuación que la Corte busca contrastar con los elementos materiales probatorios recopilados por el despacho instructor. La definición de su situación jurídica dependerá de si los magistrados consideran que la senadora, al participar en la diligencia del CTI, invadió competencias que no le corresponden o si, por el contrario, su papel se limitó a una gestión de facilitación institucional permitida por su investidura.
Alias Pipe Tuluá, quien se convirtió en pieza clave de este entramado judicial por su cooperación con las autoridades, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2026 por cargos de narcotráfico y concierto para delinquir, mientras que la senadora Zuleta deberá continuar a la espera de la decisión de la Sala de Instrucción, que determinará si existe mérito para formularle cargos por el presunto abuso de función pública. Mientras tanto, la congresista del Pacto Histórico mantiene su defensa basada en la legalidad de su actuación como garante, a la espera de que los magistrados definan si su presencia en la cárcel La Picota respondió a un interés legítimo de facilitar la entrega del arma o si, por el contrario, constituyó una intromisión indebida en asuntos de competencia exclusiva de la Fiscalía y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
