En un fallo de tutela emitido el pasado 15 de septiembre, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó al Ministerio de Defensa Nacional entregar, en un plazo improrrogable de 48 horas, la información completa sobre los vuelos del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. La decisión judicial se produjo tras la acción de tutela presentada por el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, José Luis Bohórquez López, quien denunció que la cartera de Defensa había vulnerado sus derechos al no dar una respuesta de fondo, clara y congruente a un derecho de petición previo. El juzgado consideró que la entidad omitió información relevante y exigió que los datos sean entregados en un formato accesible y procesable.
Bohórquez había solicitado al Ministerio de Defensa, el pasado 24 de agosto, información detallada sobre los gastos generados por los vuelos presidenciales, en el marco de las críticas a la promesa del presidente De la Espriella de reducir el gasto estatal ante la crisis fiscal heredada del gobierno de Gustavo Petro. La respuesta inicial de la cartera fue considerada incompleta por el congresista, quien decidió acudir a la tutela como mecanismo para obtener los datos. El fallo cobra relevancia en medio del escrutinio que la oposición ha mantenido sobre el uso de aeronaves oficiales y los costos asociados a los desplazamientos del jefe de Estado.
Las cifras que revelan el uso de aeronaves oficiales
El periodo consultado por Bohórquez abarca del 25 de agosto al 8 de septiembre —sin año explícito en el documento—, lapso en el que se registraron 103 vuelos realizados por el presidente, acumulando gastos superiores a los 1.117 millones de pesos. De manera particular, el informe preliminar señala que 36 de esos vuelos en helicóptero tuvieron una duración inferior a seis minutos, conectando la sede deportiva Adelita de Char —donde entrena el Junior de Barranquilla— con el aeropuerto de la capital del Atlántico. Estas cifras, que ahora deberán ser corroboradas y detalladas por el Ministerio de Defensa, han generado interrogantes sobre la eficiencia y necesidad de dichos desplazamientos.
El fragmento del documento judicial citado en el artículo subraya la contundencia de la orden: “Razón por la que se ordenará al Ministro de Defensa Nacional o a quien haga sus veces para que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a emitir una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente frente a la solicitud elevada, en la que se dé respuesta puntual”. La exigencia del juzgado no solo apunta a la entrega de la información, sino a que esta se presente de manera que pueda ser analizada y procesada por el congresista.
“Como están molestos allá porque estoy indagando por todo eso, me mandaron al mejor mandado que tienen, al señor Briceño, a que me busque hasta la cama del perro. Ojalá estuviera él buscando hacer un control político, lo que hacía antes, pero que ahora dejó de hacer”
José Luis Bohórquez López, representante a la Cámara
Bohórquez también denunció ataques en redes sociales por parte de sectores afines al presidente, en particular del congresista Daniel Briceño, del Centro Democrático. En sus declaraciones, el representante del Pacto Histórico aseguró: “Esta curul de oposición que está investigando, a la que no se le dan los datos, está mostrando que ustedes, el Gobierno del señor Abelardo, están mintiéndole al país”. Las acusaciones se suman a un contexto de tensión política en el que el uso de aeronaves oficiales ha sido un tema recurrente de debate.
Este nuevo episodio recuerda una denuncia similar presentada en 2023 por la entonces senadora María Fernanda Cabal contra la vicepresidenta Francia Márquez, en la que se reveló que entre el 7 de agosto de 2022 y el 6 de marzo de 2023 realizó 130 viajes en la Fuerza Aérea Colombiana y 4 en aviación del Ejército, con un costo total de 2.869 millones de pesos. Hasta el momento de esta publicación, el Ministerio de Defensa no ha emitido una respuesta oficial a la petición de Bohórquez, aunque el fallo judicial lo obliga a cumplir en el plazo estipulado, so pena de las consecuencias legales que ello conlleve.
