En un caso que ha conmocionado al país, Shenner José Rojas Lárez, de 29 años, fue capturado y judicializado por el homicidio de Ana Lucía González, una niña venezolana de apenas 9 años cuyo cuerpo fue hallado en un conducto hídrico de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El hombre, de la misma nacionalidad que la víctima, podría enfrentar hasta 60 años de prisión si es declarado culpable de los delitos que la Fiscalía le imputa de manera preliminar: homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.
La desaparición de la menor fue reportada el lunes 14 de septiembre en el sector de Porvenir Río, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Un día después, el martes 15, su cuerpo sin vida fue localizado dentro de un conducto hidráulico en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar. La captura de Rojas Lárez se materializó la noche del miércoles 16 de septiembre en Bogotá, luego de que las autoridades reconstruyeran sus movimientos a través de cámaras de seguridad.
Según la investigación, el detenido sostuvo una discusión con su expareja, Rusmery González, hermana mayor de la víctima. Ella denunció que Rojas Lárez se había quedado con los documentos de identidad de ella, de su hijo de dos años y de su hermana menor. En medio de ese incidente, el hombre se llevó a la niña en una motocicleta hacia el sector de Casandra, en la localidad de Fontibón, que limita con Porvenir Río. Las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron determinantes: mostraron a Rojas Lárez saliendo con la menor y regresando solo, sin rastro de la pequeña.
La Fiscalía investiga si el caso se configura como feminicidio, tipificado en el artículo 104A del Código Penal colombiano. La abogada penalista Sharon Castillo, quien ha analizado el caso, explicó que la condición de mujer o niña de la víctima no basta para configurar este delito. Se requiere demostrar que el homicidio estuvo motivado por razones de género, que existía una relación familiar o íntima con antecedentes de violencia, actos de dominación, amenazas previas o que la víctima fue privada de la libertad antes de ser asesinada.
«Tratándose de una niña de tan solo nueve años, solo el homicidio puede representar una pena de hasta 50 años de prisión», señaló Castillo. «Si además se acreditan los delitos sexuales, entrarían a operar las reglas del concurso de conductas punibles y la pena podría incrementarse hasta alcanzar el límite de 60 años de prisión».
Sharon Castillo, abogada penalista
La experta añadió que los investigadores tendrán que reconstruir no solo cómo murió la niña, sino también qué ocurrió antes de su fallecimiento. El peritaje dependerá de los análisis de Medicina Legal, las imágenes de las cámaras de seguridad, los testimonios recogidos y la reconstrucción precisa del tiempo transcurrido entre la desaparición y el hallazgo del cuerpo. El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, también se pronunció sobre el caso, que ha generado una ola de indignación nacional.
Rusmery González, la hermana de la víctima, fue quien acudió a un CAI para denunciar que Rojas Lárez se había quedado con los documentos, desencadenando la alerta por la desaparición de la menor. Ahora, mientras el detenido espera las audiencias de imputación, el país clama justicia por Ana Lucía, una niña que perdió la vida de manera violenta y cuyo caso se suma a las alarmantes cifras de violencia contra menores en Colombia.
