La excongresista Sandra Ramírez, conocida en la clandestinidad como alias Griselda Lobo y viuda del antiguo comandante de las Farc Manuel Marulanda Vélez (alias Tirofijo), fue citada a versión libre por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para responder por graves violaciones contra la niñez y la mujer durante el conflicto armado. La decisión, avalada el jueves 17 de septiembre de 2026 por la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la vincula al reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, así como a su presunta participación en abusos sexuales, abortos forzados y anticoncepción forzada al interior de la extinta guerrilla.
La citación se enmarca en el Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento de menores en el conflicto armado colombiano. La ponencia de la magistrada Lily Rueda concluyó que existen elementos materiales suficientes para convocar a Ramírez, quien hasta ahora gozaba de un estatus de amnistiada que se modificó radicalmente: a partir de esta diligencia, la excongresista del partido Comunes —creado tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016— pasó a ser compareciente, un cambio jurídico que implica que deberá rendir cuentas sobre su accionar en la cadena de mando de las Farc.
Una decena de denuncias y el testimonio que removió los cimientos de la JEP
Contra Sandra Ramírez reposan alrededor de una decena de denuncias, entre las que destaca el testimonio de Deisy Dorelly Guanaro, quien fue reclutada a los 10 años y abusada a los 12. En entrevista con la revista Semana en diciembre de 2025, Guanaro narró con crudeza los vejámenes a los que fue sometida por orden de Ramírez: “Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Esta señora nos reunió a todas las niñas y nos obligó a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hizo desfilar frente a todos los comandantes del secretariado”. La víctima relató que los comandantes, en estado de embriaguez y bajo efecto de drogas, elegían a las menores para pasar la noche. “A mí me escogió Pablo Catatumbo la primera noche. Ese viejo morboso que tanto se jacta de cátedra de moral en el Congreso de la República me abusó esa noche y a la siguiente. A Sandra Ramírez nosotros no le importábamos. Ella solo quería humillarnos para complacer a estos comandantes porque ella tenía poder. A las niñas que quedaban en embarazo, ella les practicaba los abortos”, afirmó Guanaro, quien se acreditó ante la JEP para buscar verdad y justicia por los hechos sufridos durante su niñez.
Frente a estas acusaciones, Sandra Ramírez ha sostenido una postura de negación: “Nunca fue una política de las Farc, eso sí fue diferente. Pudo haber sucedido, sí, pero nosotros nunca lo ordenamos como colectivo”, declaró en su defensa. Sin embargo, el testimonio de Guanaro y otras víctimas ha logrado que la JEP modifique la jurisprudencia que hasta ahora solo citaba a mandos militares, abriendo la puerta a investigar a los altos mandos políticos de la guerrilla. El abogado Sergio Alzate, secretario jurídico de la Federación de Víctimas del Terrorismo ante la JEP, afirmó en entrevista con Blu Radio que “a partir de hoy ya ella deja de ser una amnistiada y entra a ser una compareciente, porque logramos probar que ella sí tuvo incidencia en la creación de los centros de abortos que tuvieron todos los frentes guerrilleros y en todas las prácticas de anticoncepción forzada y abortos forzados que se lideraron por parte de Jaime Parra y de ella para todos los frentes a nivel nacional”. Alzate también atribuyó a Ramírez intervención en decisiones sobre homicidios y desapariciones de menores reclutados.
“Después de negarlo todo, la cínica exguerrillera alias Sandra Ramírez, que fue pareja del sanguinario Tirofijo, tendrá que declarar por el reclutamiento de menores. La JEP, ese tribunal de impunidad, tardó años en citarla. ¿Justicia? Colombia ya sabe que fue diseñada a la medida de los victimarios, no de las víctimas”.
María Fernanda Cabal, exsenadora
Otras voces de víctimas también han alzado la voz. Vanessa García, quien sufrió reclutamiento forzado por las Farc, declaró a NTN24: “Es un descaro que nieguen los hechos; lo que nos hicieron es irreparable, nos hicieron mucho daño”. García además sostuvo que las curules del partido Comunes, que hoy ocupan exguerrilleros como Ramírez, “deberían ser para nosotras, porque fuimos sometidos a cosas que no se superan con nada”.
La citación a versión libre representa un giro significativo en el proceso de justicia transicional colombiano. Sandra Ramírez, quien anteriormente había negado que las Farc reclutaran menores de forma sistemática —incluso sostuvo esa posición en una tutela estudiada por la Corte Constitucional—, ahora deberá comparecer ante la JEP para dar cuenta de su nivel de influencia y su participación en las decisiones de los altos mandos. No se le acusa de ejecución directa de los delitos, sino de haber orquestado, permitido y facilitado las prácticas sistemáticas de reclutamiento y abuso sexual contra menores dentro de la estructura guerrillera. La diligencia se realizará en el marco del Caso 07, y su resultado podría abrir nuevas líneas de investigación contra otros excomandantes de las Farc que hasta ahora habían permanecido bajo el manto de la amnistía.
