La defensa legal de Lili Pink denunció este viernes 18 de septiembre que la Fiscalía General de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio 45 inmuebles adicionales de la compañía, en una acción que consideran una “medida de retaliación” dentro del proceso que se sigue contra la marca de ropa femenina. Según el comunicado emitido por los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, los bienes afectados no guardan relación alguna con Lili Pink e incluso fueron adquiridos antes de su creación, lo que hace la medida carente de sustento legal.
La ocupación se produjo el pasado 16 de septiembre en jurisdicción de la Fiscalía, como parte de un proceso en curso que, según la defensa, ya ha sido cuestionado por al menos cuatro jueces que declararon ilegales elementos probatorios presentados por el ente acusador. Además, un juez adicional negó previamente una medida de aseguramiento contra la compañía por considerar insuficiente la sustentación del organismo. En ese contexto, la defensa afirma que la nueva acción busca “sustituir” el debate probatorio que debe darse ante los jueces.
Denuncian medidas confiscatorias contra inversión extranjera
En su pronunciamiento, el equipo jurídico de Lili Pink señaló que estas medidas tienen “efectos confiscatorios” y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia. Los abogados recordaron que en el pasado la Fiscalía ya había utilizado actuaciones similares para justificar nuevas medidas patrimoniales, y advirtieron que ahora se repite el mismo patrón.
“La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre bienes que no tienen relación con Lili Pink e incluso fueron adquiridos antes de su existencia”
Abogados de Lili Pink, comunicado del 18 de septiembre
“Estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia”
Abogados de Lili Pink, comunicado del 18 de septiembre
La defensa anunció que “acudirá a todas las instancias legales necesarias para impedir que los titulares sustituyan las pruebas y el debate ante los jueces”. Además, reiteraron su preocupación por la falta de avances en las denuncias sobre la posible comercialización irregular de aproximadamente tres millones de prendas decomisadas, hechos que estarían relacionados con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. La empresa sostiene que las medidas comprometen inversión extranjera legítima en el país y que el proceso judicial debe resolverse dentro del marco normativo colombiano, sin recurrir a acciones que califican de retaliatorias.
