El presidente Abelardo de la Espriella anunció mediante su cuenta de X que el Gobierno no prorrogará el contrato del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) con Fiduprevisora y ordenó una auditoría forense. La decisión se fundamenta en un patrimonio negativo reportado superior a 3,1 billones de pesos, así como en problemas en la atención médica, retrasos en los pagos y presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del fondo, que administra la salud y las prestaciones de los docentes colombianos.
El Fomag mantuvo una relación contractual con Fiduprevisora durante 36 años, periodo en el que se suscribieron 43 otrosíes al contrato original. El Gobierno garantizó que la transición no interrumpirá la atención médica ni el pago de prestaciones a los maestros, aunque no se precisó la estructura que reemplazará el modelo actual ni los tiempos específicos del proceso.
Las declaraciones del presidente
“Se acabó el festín con los recursos de los maestros de Colombia”
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
De la Espriella advirtió que “si hubo políticos, abogados, funcionarios o contratistas que utilizaron los recursos de los maestros para pagar favores y alimentar redes clientelistas, tendrán que responder ante la justicia”. Asimismo, recalcó que “los recursos de los maestros son sagrados”, en un mensaje que refleja la postura del Ejecutivo frente a las presuntas irregularidades.
La auditoría forense ordenada permitirá determinar los hallazgos precisos, los cuales serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría. El presidente también hizo referencia a denuncias sobre un supuesto reparto político alrededor del Fomag, que habría beneficiado a políticos, abogados, funcionarios o personas vinculadas a nombramientos, y que habría alimentado redes clientelistas con los recursos destinados a los docentes.
Esta medida se inscribe en una revisión más amplia que adelanta el Gobierno sobre la administración de los recursos del magisterio, con el objetivo de garantizar transparencia y poner fin a prácticas cuestionadas durante décadas.
