Un análisis de la revista Cambio reveló que, del total de 103 senadores electos para el periodo 2026-2030, apenas cinco habían publicado su declaración patrimonial y de conflicto de interés en el portal de Función Pública, incumpliendo así la Ley 2013 de 2019 que obliga a todos los servidores públicos elegidos por voto popular a declarar bienes, rentas y posibles conflictos de interés. La investigación, que tomó como base la declaración más reciente disponible de cada congresista ante la falta de registros completos, evidencia un bajo cumplimiento de la normativa de transparencia que busca evitar conflictos entre el ejercicio del cargo y los intereses personales o familiares.
La Ley 2013 de 2019 establece que los funcionarios electos deben presentar y publicar sus declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés, pero la mayoría de los congresistas del nuevo periodo ni siquiera ha presentado la declaración de renta ante la Dian. Entre los senadores que sí cumplieron con el proceso destacan John Moisés Besaile, del Partido de la U, quien declaró un patrimonio líquido de 7.182 millones de pesos, seguido por Enrique Gómez, de Salvación Nacional, con 5.184 millones, Juan Carlos Garcés, también del Partido de la U, con 4.159 millones, Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, con 3.059 millones, y Josué Alirio Barrera, del Centro Democrático, cuyo patrimonio bruto ascendió a 3.743 millones de pesos.
Patrimonios millonarios y vínculos familiares
El análisis detalla que Besaile reportó cinco terrenos en Sahagún, Córdoba, por valor de 1.255 millones de pesos y semovientes por 1.458 millones, mientras que sus gastos de campaña alcanzaron los 1.289 millones. Enrique Gómez, por su parte, registró once bienes muebles, seis inmuebles por 8.282 millones, nueve cuentas de ahorro —una de ellas en Estados Unidos con 15,2 millones— y deudas por 1.188 millones. Marcos Daniel Pineda posee seis bienes muebles y dos inmuebles en Montería con un valor conjunto superior a 2.880 millones, y Josué Alirio Barrera declaró bienes por más de 4.000 millones, aunque con deudas ante la Dian por 867 millones.
En cuanto a ingresos extra-salariales, Besaile reportó 4.000 millones de pesos, de los cuales solo el 15% provino de su labor como legislador, mientras que Gómez declaró 620,7 millones de pesos, frente a un salario de 19 millones. Garcés alcanzó 768,6 millones en 2025 por actividades distintas a su curul. Además, varios senadores declararon ingresos privados significativos, como María Eugenia Lopera, del Partido Liberal, quien reportó la cría de cerdos y bovinos por más de 3.000 millones, y Luis Eduardo Díaz Mateus, del Partido Conservador, con 1.879 millones en ingresos por transporte y ganadería.
Los vínculos familiares con posibles conflictos de interés también fueron revelados por el análisis. Andrés Forero, del Centro Democrático, tiene seis familiares involucrados en la producción de griferías y tuberías de PVC; Fabio Raúl Amín, del Partido Liberal, reportó cinco familiares en cargos públicos, entre concejales y diputados; y Honorio Henríquez Pinedo cuenta con tres familiares que ocupan cargos como alcalde de Santa Marta, procurador y funcionario de una Corporación Autónoma. Enrique Gómez, por su lado, tiene como hermano a Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, y como hijo a Nicolás Gómez Arenas, jefe de Despacho Presidencial.
De acuerdo con el informe, el promedio de patrimonio líquido por senador varía según el partido: Salvación Nacional registra 2.691 millones de pesos; Partido de la U, 2.613 millones; Partido Conservador, 2.122 millones; Alianza Verde, 428 millones; ASI, 501 millones; y Pacto Histórico, 559 millones, aunque solo 11 de sus 25 integrantes declararon. En total, las bancadas con declaraciones reflejan sumas millonarias: Partido de la U, con 8 senadores, acumula 20.905 millones; Centro Democrático, con 12, suma 5.895 millones; y Partido Liberal, también con 8, reporta 13.586 millones. Además, el 45% de los senadores reportan familiares en actividades privadas, el 31% en cargos públicos y el 12% son pensionados o beneficiarios, lo que pone en evidencia la complejidad de los intereses que rodean a quienes ejercen el poder legislativo.
