Dos nuevos casos de presuntos delitos sexuales cometidos por miembros activos de la Policía Nacional sacuden a la institución. La Procuraduría Provincial de Bucaramanga formuló pliego de cargos contra el intendente César Augusto Bautista por presunto acoso sexual a una auxiliar, mientras que en Bogotá una jueza ordenó medida de aseguramiento carcelario contra el mayor Michael Bedoya Rivera por un presunto abuso sexual ocurrido en marzo de 2026. Ambos procesos se tramitan por separado y los investigados conservan sus garantías de defensa sin que exista una decisión de fondo en ninguno de los dos casos.
En el caso del intendente Bautista, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como falta gravísima a título de dolo. Según la investigación disciplinaria, los hechos habrían ocurrido en 2025 en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, mientras ambos servidores se encontraban en servicio activo. Se trata de presuntos tocamientos de carácter sexual sin consentimiento que habrían afectado la integridad moral y la dignidad personal de la auxiliar en su lugar de trabajo. El pliego de cargos representa la etapa inicial del proceso disciplinario, sin que hasta el momento se haya determinado responsabilidad definitiva.
Caso Bedoya: medida carcelaria en firme
Por otro lado, la situación del mayor Michael Bedoya Rivera es de mayor gravedad procesal, pues una jueza ya ordenó medida de aseguramiento carcelario después de que la defensa del oficial presentara un recurso que fue rechazado. Los hechos que se le imputan ocurrieron en marzo de 2026 en las casas fiscales de la Policía Nacional, ubicadas en el barrio La Castellana de Bogotá. De acuerdo con la denuncia, la víctima habría perdido la conciencia tras consumir cuatro shots de alcohol en un apartamento, y posteriormente acudió a un centro médico donde se activó el protocolo de violencia sexual. Una amiga de la denunciante habría recibido una invitación a través de redes sociales por parte del mayor, y un patrullero las trasladó hasta las residencias fiscales donde ocurrió la presunta agresión.
Ambos casos ponen nuevamente en el centro del debate la conducta de miembros de la fuerza pública en Colombia frente a delitos de carácter sexual. Mientras el proceso contra Bautista avanza en la vía disciplinaria, el de Bedoya se encuentra en etapa penal con una medida de aseguramiento que implica privación de la libertad. Ni la Procuraduría ni la Fiscalía han emitido declaraciones complementarias sobre los avances de estas investigaciones, que siguen su curso legal con la garantía del debido proceso para los uniformados señalados.
