El expresidente Álvaro Uribe Vélez sorprendió al país judicial al solicitar que la justicia defina de una vez por todas su situación jurídica, ya sea con una absolución o una condena, en el marco de la investigación que se le sigue por sus presuntos vínculos con paramilitares y las masacres de El Aro y La Granja. El pronunciamiento se da en medio de un complejo conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que deberá ser resuelto por la Corte Constitucional. A través de su cuenta oficial en la red social X, el exmandatario afirmó que, sin importar qué jurisdicción termine definiendo su caso, su postura será clara y tajante.
“Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar y como matón”, escribió Uribe, en un mensaje que busca poner fin a lo que él considera una dilación procesal. El expediente, que investiga hechos ocurridos durante su gestión como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, incluye las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en 1998 y la presunta creación de una estructura paramilitar en la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia. La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia lleva el caso por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, pero la Comisión de Investigación y Acusación reclamó el expediente al argumentar que el delito de concierto para delinquir podría tener carácter permanente y extenderse hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente.
Uribe se pone a disposición de la justicia
El expresidente, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, aseguró que ha comparecido respetuosamente ante la Fiscalía y que seguirá haciéndolo cuantas veces sea llamado. “Me he sometido a la Fiscalía. He ido respetuosamente allí a atender la indagatoria y seguiré yendo cuantas veces me llamen”, afirmó, aunque reconoció que su abogado, Jaime Granados, considera que el proceso no debió pasar a esa entidad. Paralelamente, se mostró dispuesto a acatar cualquier decisión del alto tribunal: “Cualquier decisión que sobre ese conflicto de competencia tome la Corte Constitucional la respetaré enteramente, como ha sido mi conducta frente a la justicia colombiana”. En su declaración, también lanzó una frase categórica: “Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”, en un intento por desmentir las acusaciones que lo señalan de haber tenido vínculos con grupos ilegales.
«Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar y como matón»
Álvaro Uribe Vélez, Expresidente de Colombia
La postura de la parte civil
Por el contrario, el senador Iván Cepeda, quien actúa como parte civil en la investigación en calidad de actor popular, ha solicitado a sus abogados que mantengan la posición de que la Fiscalía General de la Nación conserve la competencia para adelantar el proceso. “En esta condición, defiendo el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la justicia y, en consecuencia, le he solicitado a mis abogados que mantengan nuestra posición para que la Fiscalía General de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales”, explicó Cepeda. El senador, un férreo crítico de Uribe, ha sido una pieza clave en el impulso de estas investigaciones, especialmente en lo relacionado con los crímenes cometidos en el departamento de Antioquia durante la década de los noventa, que han sido calificados como de lesa humanidad. Mientras la Corte Constitucional decide sobre el conflicto de competencias, el país espera una definición que podría marcar un hito en la historia judicial colombiana.
