En un operativo simultáneo desarrollado en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación impusieron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 38 propiedades que, según las autoridades, estarían vinculadas a una red transnacional de lavado de activos que operaba a través de los almacenes de las marcas Koaj y Lili Pink. La intervención, ejecutada con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dejó bajo administración de esta última los inmuebles mientras avanza el proceso judicial.
De los 38 bienes intervenidos, 21 se encuentran en Bogotá, concentrados principalmente en los sectores de Unicentro y Toberín, donde están ubicados los locales comerciales vinculados a las marcas mencionadas. Los 17 predios restantes corresponden a inmuebles rurales localizados en los municipios cundinamarqueses de Tabio, Tenjo, Funza y La Calera. En total, el avalúo de las propiedades asciende a más de 379.000 millones de pesos, e incluye fincas, apartamentos, bodegas, parqueaderos y locales comerciales. La medida impide cualquier transacción de venta, transferencia o disposición de los bienes mientras la investigación continúa.
Investigación en curso contra Lili Pink
Este nuevo operativo se suma a una investigación previa que la Fiscalía había anunciado el pasado 16 de septiembre, cuando se impusieron medidas cautelares sobre 45 bienes valorados en más de 184.615 millones de pesos, repartidos entre Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali. En esa ocasión se intervinieron tanto propiedades rurales como urbanas, en el marco del mismo caso contra la cadena de ropa femenina Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos.
Las pesquisas de la Fiscalía apuntan a que la presunta estructura criminal transnacional habría utilizado importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar al país prendas de vestir, juguetes y cosméticos, y luego distribuirlos con apariencia de legalidad. Las operaciones de lavado de activos investigadas superan los 730.000 millones de pesos, mientras que el presunto enriquecimiento ilícito asciende a más de 430.000 millones y el contrabando documentado supera los 75.000 millones de pesos. En el operativo del pasado 27 de abril, las autoridades intervinieron más de 400 tiendas que comercializaban la marca Lili Pink y capturaron a varias personas, entre ellas el abogado Walter Martínez Martínez, quien fue imputado por lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, cargos que no aceptó.
Los afectados por las medidas cautelares, ya sean propietarios o poseedores, podrán controvertirlas dentro del proceso judicial, donde la Fiscalía deberá demostrar el origen ilícito de los recursos o el nexo de los bienes con las actividades investigadas. Al final del proceso, las propiedades podrían regresar a sus titulares o pasar definitivamente a manos del Estado, dependiendo de las pruebas que se presenten.
