La Contraloría General de la República encendió las alarmas este 21 de septiembre al advertir que el incremento del salario mínimo en un 23 por ciento durante el gobierno de Gustavo Petro generó un déficit de 4,2 billones de pesos en el sistema de pensiones para 2026, poniendo en riesgo los pagos administrados por Colpensiones. El organismo de control, a través de su Delegatura para el Sector Trabajo, señaló que el desequilibrio fiscal se origina en el desfase entre el alza real del salario mínimo y el supuesto utilizado en la programación presupuestal, que era del 7,5 por ciento aproximadamente. La advertencia llega en medio de la discusión del presupuesto general de 2027 en el Congreso, aprobado en 635 billones de pesos, y después de que el Ministerio de Trabajo reportara un faltante de 5 billones de pesos para cubrir las mesadas de noviembre y diciembre de este año.
Un desbalance que amenaza las mesadas
Según el comunicado oficial de la Contraloría, “el desequilibrio radica en el desbalance entre el incremento efectivo del salario mínimo del 23 por ciento, frente a un supuesto de crecimiento cercano al 7,5 por ciento, lo que generó una desviación significativa respecto de las condiciones utilizadas para la programación presupuestal”. Este desfase elevó las obligaciones pensionales por encima de lo presupuestado, generando un déficit que la entidad calcula en 4,2 billones de pesos para 2026. El presupuesto inicial de Colpensiones para este año fue de 75,58 billones de pesos, de los cuales 72,80 billones se destinan al pago de pensiones y jubilaciones. De ese monto, el 44,6 por ciento —equivalente a 33,7 billones de pesos— proviene de aportes de la Nación, que ya fueron girados. No obstante, la Contraloría advierte que “el incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría requerir recursos adicionales del Gobierno nacional, aun cuando este haya cumplido con los aportes inicialmente presupuestados”. El organismo instó al Gobierno Nacional a prever y disponer los recursos necesarios para cumplir con los pagos de las pensiones comprometidas.
El llamado de auxilio del sistema pensional
Andrés Felipe Izquierdo, gerente general de Integral Soluciones Pensionales (ISP), fue aún más tajante al señalar que “el presupuesto de Colpensiones de 2026 está desfinanciado en 5 billones de pesos y eso pone en riesgo las mesadas de noviembre y de diciembre”. No obstante, recordó que “el pago de pensiones está protegido por la Constitución”. Izquierdo planteó la necesidad de un “sinceramiento fiscal”, dado que más de la mitad de las pensiones de Colpensiones se ubican en el salario mínimo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ya había emitido una alerta previa sobre el impacto del aumento del salario mínimo en el gasto pensional, estimando un mayor gasto de 4,7 billones de pesos. El Carf también señaló que entre el 70 y el 80 por ciento de los pensionados reciben entre uno y dos salarios mínimos de pensión, lo que hace que cualquier variación en ese indicador tenga un efecto directo en las finanzas del sistema. Mientras tanto, sectores de la oposición atribuyeron el faltante al no giro de recursos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones por traslados entre regímenes, aunque el origen del déficit está claramente ligado al alza salarial decretada por el entonces presidente Gustavo Petro.
“El incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría requerir recursos adicionales del Gobierno nacional, aun cuando este haya cumplido con los aportes inicialmente presupuestados. La Contraloría General de la República advierte al Gobierno Nacional sobre la necesidad de prever y disponer los recursos necesarios al sistema para cumplir con los pagos de las pensiones comprometidas”.
Comunicado oficial de la Contraloría General de la República
El panorama, de acuerdo con los expertos, exige una respuesta urgente del Ejecutivo para evitar que la crisis se materialice en el bolsillo de millones de colombianos que dependen de su pensión para vivir. La ministra de Trabajo, Natalia López, y el Gobierno Nacional tendrán ahora la responsabilidad de buscar los mecanismos fiscales que permitan cubrir el faltante, en medio de un debate político que promete escalar en el Congreso y en la opinión pública.
