En una jornada marcada por los reclamos de las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, ordenó a la Fiscalía General subsanar las fallas detectadas en el descubrimiento de pruebas dentro del caso que investiga el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Como consecuencia, la audiencia preparatoria del juicio, que estaba programada para este lunes 21 de septiembre de 2026, fue aplazada por tres semanas, tiempo durante el cual el ente acusador y los apoderados judiciales deberán revisar y completar el material probatorio.
Durante la diligencia, los abogados de los exministros, ambos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, señalaron graves problemas con la integridad y accesibilidad de los elementos entregados por la Fiscalía. Alejandro Carranza, defensor de Ricardo Bonilla, quien lideró la cartera de Hacienda, cuestionó la calidad de la evidencia al afirmar que «que la copia sea fiel no significa que la evidencia esté completa. El Blu-ray de extracción del buzón no pudo copiarse. Hay carpetas que ambas partes constataron vacías, hay archivos cifrados que nadie ha podido abrir y hay documentos sin carpeta de texto que la propia Fiscalía ofreció escanear de nuevo». Por su parte, el abogado de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, elevó un tono de crítica al preguntar retóricamente: «¿Para qué descubría la Fiscalía elementos que no puede permitirle acceso a la defensa?». La propia voz de Bonilla se escuchó en la audiencia, cuando el exministro expresó su percepción de que «siento a la Fiscalía inundándonos de información de la que, tal como lo acaba de decir el abogado Carranza, mucha no tiene ningún sentido, pero lo que quiere es inundarnos y reducir la capacidad de la defensa».
La respuesta de la Fiscalía y la decisión del magistrado
La fiscal a cargo del caso rechazó de plano las acusaciones de ocultamiento. En su intervención, sostuvo que «ningún elemento fue ocultado, sustraído, reservado o deliberadamente excluido del conocimiento de la defensa. Por el contrario, dentro del descubrimiento efectuado se incluyeron, incluso, aquellos archivos digitales que se encontraban protegidos mediante mecanismos de seguridad que impedían su apertura, precisamente para garantizar la máxima transparencia posible con relación a todo aquello que hacía parte del expediente investigativo». La representante del ente acusador aclaró que la discusión no giraba en torno a una omisión deliberada, sino a que varios archivos estaban protegidos por contraseñas, lo que impedía su visualización directa.
«Debemos recordar que el deber que le impone a la Sala el numeral primero del artículo 356 de la Ley 906 de 2004 es verificar que el descubrimiento probatorio se realice de manera completa. Por lo tanto, le solicito adelantar las gestiones necesarias para que las defensas puedan acceder a toda la información que le permitió estructurar su caso, en particular a aquellos documentos que no se pueden abrir, pues su contenido es fundamental para los defensores»
Magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, Corte Suprema de Justicia
Apelando al mismo artículo del código procesal penal, el magistrado Caldas Vera no solo ordenó la subsanación, sino que también instó a ambas partes a mantener un diálogo fluido. En sus palabras: «Invito a los defensores y al fiscal a mantener un diálogo fluido, a fin de que los apoderados y la Fiscalía indiquen puntualmente las falencias del descubrimiento probatorio. De ello, solicito enviar a la Sala el acta correspondiente para su verificación. Igualmente, invito al señor fiscal a que, de acuerdo con su rol constitucional, preste el acompañamiento correspondiente para facilitar y concluir el descubrimiento probatorio». Con esta directriz, el juez fijó un plazo perentorio de tres semanas, durante las cuales los equipos jurídicos deberán constatar que todas las evidencias -incluyendo las que estaban cifradas o en soportes no copiables- queden a disposición de las defensas.
«La Sala otorgará tres semanas para cumplir con el cometido que se acaba de anunciar. Por ello, les pido que, a partir de la fecha, estén atentos a las actividades y labores que les corresponden para finiquitar el descubrimiento probatorio de la Fiscalía»
Magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, Corte Suprema de Justicia
El caso, que involucra a altos exfuncionarios del Gobierno Petro, sigue siendo uno de los procesos de mayor impacto por corrupción en la Ungrd. El aplazamiento de la audiencia preparatoria refleja las complejidades técnicas de un expediente que, según denunciaron las defensas, incluye carpetas vacías, archivos que no pueden abrirse y Blu-ray imposibles de copiar. En las próximas tres semanas, la Fiscalía tendrá la oportunidad de demostrar que, como aseguró su representante, no hubo intención de ocultar nada, mientras que los abogados de Bonilla y Velasco buscarán garantizar que el principio de contradicción no se vea vulnerado por un aluvión de información incompleta o inaccesible.
