La audiencia en la que se definía la solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Andrés Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán, investigados por presuntos actos de corrupción en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), fue suspendida en su primera jornada. El encuentro judicial, que se adelanta en el Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías, fue interrumpido el lunes 21 de septiembre luego de que las defensas de ambos procesados solicitaran al despacho un tiempo adicional para estudiar el nuevo material probatorio que fue presentado durante la diligencia por el apoderado de la víctima, el AMVA. La continuación del proceso se reprogramó para el lunes 28 de septiembre a las 2:00 de la tarde, cuando se tiene previsto escuchar al delegado del Ministerio Público y, posteriormente, los argumentos de las defensas.
La suspensión se dio tras una extensa intervención del abogado Majer Abushihab, apoderado del AMVA, quien dedicó varias horas a exponer los elementos que, en su criterio, sustentan la petición de detención preventiva en centro carcelario para los imputados. Ante la magnitud del material presentado, el defensor de Quintero Calle, Santiago Trespalacios Carrasquilla, pidió un receso para analizar las nuevas evidencias, argumentando además compromisos previos que tenía ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, la defensa de Ortega Urán también elevó una solicitud en el mismo sentido, señalando que el traslado del expediente les había sido entregado apenas el mismo día de la audiencia, lo que hacía inviable un pronunciamiento de fondo en esa sesión. El juez del caso accedió a las peticiones y determinó reprogramar la diligencia.
La investigación que vinculó a Quintero Calle y a Ortega Urán se centra en un esquema de corrupción que habría desviado recursos públicos a través de seis contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo monto superó los 17.000 millones de pesos. Dichos contratos estaban relacionados con la entrega de kits de bioseguridad durante la emergencia sanitaria por covid-19, así como con capacitaciones dirigidas a los cuerpos de bomberos de otros municipios del Área Metropolitana. A los procesados, quienes ya fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros, se les atribuyen roles diferenciados: mientras que a Quintero Calle se le señala una participación central en los hechos, a Ortega Urán se le relaciona con la recepción de parte de los recursos. Ambos han negado su responsabilidad en el proceso.
Visión de la Fiscalía y presiones a testigos
Durante la exposición del apoderado del AMVA ante el juez, se hicieron señalamientos concretos sobre posibles actos de obstrucción a la justicia que habrían sido adelantados por los procesados. Según el relato del abogado, los imputados habrían incurrido en presiones a testigos, ofrecimientos a personas vinculadas a la investigación y accesos no autorizados a información judicial. También se informó sobre desplazamientos internacionales realizados por los procesados, lo que a juicio de la víctima representaría un riesgo para la investigación. El abogado del AMVA mencionó además a Misael Cadavid, exrepresentante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien fue capturado en octubre y desde marzo se acogió a un principio de oportunidad con la Fiscalía. Cadavid habría denunciado hostigamientos desde abril, entre ellos ofrecimientos, acercamientos familiares y extorsiones a través de su expareja, así como una campaña de desprestigio que buscaría desacreditarlo.
La mención de Cadavid, así como la de Laura Mejía, otra testigo que decidió colaborar con la Fiscalía, abrió un flanco adicional en la audiencia. El apoderado del AMVA relacionó esa presunta campaña de desprestigio con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y con Esteban Restrepo, además de vincular a un medio de comunicación en la estrategia de desinformación. Estos señalamientos, que hacen parte del material que deberá ser analizado por las defensas en la próxima jornada, añaden complejidad a un caso que ya había generado alto impacto en la opinión pública regional.
El caso tomó mayor relevancia luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la conformación de un grupo de tareas especiales para investigar y judicializar hechos de corrupción en la gestión pública y contractual en Medellín, dentro del cual se inscribe esta investigación. En ese contexto, la próxima audiencia, programada para el lunes 28 de septiembre, será clave para determinar si los procesados permanecen en libertad o si, por el contrario, el juez acoge la petición del AMVA y ordena su detención preventiva mientras se adelanta el proceso penal en su contra.
