El Gobierno de Abelardo de la Espriella retiró de manera unilateral y sin previo aviso la candidatura de la jurista colombiana Carolina Olarte Bácares a magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI), dejando a América Latina y el Caribe sin ningún postulante en la lista final de aspirantes para la elección que se llevará a cabo entre el 7 y el 17 de diciembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La decisión se conoció después de cuatro meses de participación de la exembajadora en el proceso de selección, y se enmarca en la evaluación que adelanta el Ejecutivo colombiano sobre una eventual denuncia del Estatuto de Roma, tratado fundacional del tribunal con sede en La Haya.
Carolina Olarte Bácares, magíster en Derecho Internacional por la Universidad Robert Schumann de Estrasburgo y doctora en Derecho por la Universidad de París, fue notificada de la decisión no por el Gobierno colombiano sino a través de un Estado parte del estatuto, según reveló en declaraciones al diario El País América. «Me enteré por un Estado parte del estatuto que acababan de notificarle el retiro a la corte y a los demás Estados parte», expresó la jurista, quien había sido postulada en mayo pasado por el entonces Gobierno de Gustavo Petro, justo antes de que venciera el plazo para presentar candidatos ante la CPI.
Contexto político y señales de distanciamiento
El retiro de la candidatura se produce en medio de crecientes señales de distanciamiento entre la administración de De la Espriella y la CPI. Desde el 18 de agosto se ha reportado que Colombia estaría encaminada a denunciar el Estatuto de Roma, aunque el Gobierno no ha confirmado oficialmente esa intención. Entre los gestos que han alimentado esta percepción se encuentra el anuncio de retirar el respaldo a la denuncia interpuesta por presunto genocidio contra Israel, así como el pedido del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a los países miembros del Escudo de las Américas para que abandonen el tribunal.
El fin de semana anterior, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, solicitó a la Fiscalía de la CPI respaldo frente a un recorte presupuestal que afecta a esa instancia de justicia transicional. De la Espriella respondió públicamente que no comparte ni el contenido ni el tono de la carta enviada por Ramelli, y negó que sus decisiones impliquen incumplimiento de compromisos internacionales. Sin embargo, el retiro de la única candidata latinoamericana a la CPI ha sido interpretado por analistas como un paso concreto hacia el desenganche del Estatuto de Roma.
«Me enteré por un Estado parte del estatuto que acababan de notificarle el retiro a la corte y a los demás Estados parte»
Carolina Olarte Bácares, jurista y exembajadora de Colombia en los Países Bajos
En el proceso electoral de la CPI se elegirán seis vacantes de magistrado entre once aspirantes, en un tribunal compuesto por 18 jueces con mandatos no renovables de nueve años. Olarte Bácares, quien fue decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana de Bogotá entre 2020 y 2023 y se desempeñó como embajadora ante los Países Bajos hasta agosto de este año, había superado las primeras fases de selección y era la única representante de la región latinoamericana y caribeña. Su retiro deja a esa zona geográfica sin opciones en la votación de diciembre.
Una eventual denuncia del Estatuto de Roma por parte de Colombia tendría efectos un año después de la notificación formal ante la ONU, conforme al artículo 127 del tratado. La CPI, creada en 1998 y en vigor desde 2002, es el primer tribunal internacional permanente para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención los pasos del Gobierno de De la Espriella, que asumió el poder el pasado 7 de agosto, en medio de un escenario regional donde ningún país respalda ya una candidatura propia ante la Corte.
