El Ministerio de Salud activó la primera fase de un plan de choque extraordinario para atender a 1.069.196 pacientes que tienen medicamentos o procedimientos pendientes, una medida de cobertura nacional que estará vigente entre septiembre y diciembre de 2026. La iniciativa fue anunciada el 21 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella al término de un consejo de ministros, y se puso en marcha de manera oficial al día siguiente, con el objetivo de responder a una crisis de acceso que tiene abrumado al sistema de salud colombiano.
La decisión responde a una realidad crítica: entre enero y julio de este año se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, lo que equivale a unos 5.772 reclamos diarios, de los cuales el 92 por ciento corresponden a barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud. Frente a este panorama, el presidente De la Espriella fue enfático al señalar que “aquí no basta con cerrar un reclamo en una plataforma. La solución tiene que llegar al paciente”.
Identificación de los pacientes y mecanismo de financiamiento
La primera fase del plan logró identificar a 1.069.196 usuarios que tienen atenciones pendientes, a través de un cruce de información con las EPS, los propios pacientes y las sociedades científicas. De ese total, más de 700.000 personas están a la espera de medicamentos y más de 300.000 aguardan por procedimientos. La ruta establecida por el Ministerio de Salud incluye la identificación del servicio pendiente, la determinación de la entidad responsable, la gestión de los recursos y un seguimiento riguroso hasta verificar que el paciente efectivamente recibió el medicamento o el procedimiento. En palabras del presidente, “no vamos a pagar dos veces una misma atención, ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados”, dejando claro que el mecanismo evitará duplicidades y pagos indebidos.
El financiamiento de esta estrategia se realizará mediante un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida a las EPS de ambos regímenes, con una tasa de interés de 0 por ciento y un periodo de gracia de un año. La facturación de los pendientes será priorizada, pero no se reconocerán servicios ya pagados. La responsabilidad permanente de garantizar la continuidad y oportunidad de la atención sigue en cabeza de las EPS, que deben identificar, reportar y gestionar los pendientes, con trazabilidad continua durante toda la vigencia del plan.
Priorización de patologías que comprometen la vida
El plan de choque prioriza a los pacientes con patologías que comprometen la vida o que pueden generar una pérdida irreversible de la respuesta terapéutica. Entre ellas se encuentran el cáncer, los trasplantes, las enfermedades huérfanas, neurodegenerativas, la diabetes insulinodependiente, el VIH, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad renal crónica, la EPOC, el asma y la insuficiencia cardíaca. También se dará atención prioritaria a mujeres gestantes con tratamientos esenciales, pacientes con alta probabilidad de hospitalización y personas con enfermedades que pueden agravarse sin un tratamiento oportuno.
“Aquí no basta con cerrar un reclamo en una plataforma. La solución tiene que llegar al paciente”
Abelardo de la Espriella, presidente de la República
Mesa técnica de control y seguimiento regional
Para garantizar el cumplimiento de la estrategia, se conformará una Mesa Técnica de Control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que hará seguimiento a la reducción de los casos, las entregas realizadas y los recursos ejecutados. Además, la Superintendencia Nacional de Salud llevará un seguimiento especial a las obligaciones de las EPS y establecerá mesas regionales para verificar la atención efectiva de los pacientes y dar continuidad a otros casos que no fueron incluidos en esta primera fase.
El plan de choque se concibe como un mecanismo extraordinario y temporal, pero el presidente De la Espriella advirtió que no se trata de una solución definitiva: la responsabilidad permanente de garantizar la continuidad y oportunidad de la atención sigue siendo de las EPS. La medida, que estará en marcha hasta diciembre de 2026, busca aliviar la presión de más de un millón de pacientes que llevan meses esperando respuestas del sistema de salud colombiano.
