En una iniciativa que busca transformar la relación de los ciudadanos con las normas de tránsito, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, presentó ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes una reforma integral al Código Nacional de Tránsito. La propuesta, expuesta el pasado 22 de septiembre en el Congreso de la República, se estructura en cuatro líneas de trabajo fundamentales: aliviar el bolsillo de los conductores, simplificar los trámites, ordenar los registros públicos y reforzar la seguridad vial. Este proyecto de ley responde a una directriz presidencial enfocada en desmontar cobros considerados excesivos y hacer más sencillos los procedimientos para los ciudadanos.
La ministra Noguera explicó que la reforma nace de la necesidad de construir «un Código de Tránsito que proteja la vida, alivie el bolsillo y acabe con los abusos». En ese sentido, la propuesta plantea reducir los costos asociados a multas, licencias, cursos pedagógicos, grúas y patios, al tiempo que busca simplificar una serie de trámites que, según la funcionaria, alargan los procesos, los dificultan y los encarecen. La iniciativa pone especial énfasis en dos grupos poblacionales: los motociclistas y los conductores jóvenes, hacia quienes se dirigirán medidas específicas de prevención y seguridad vial.
Revisión de sistemas y trámites
Uno de los puntos centrales de la reforma es el fortalecimiento del control sobre el Runt (Registro Único Nacional de Tránsito) y el Simit (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito), dos herramientas que, aunque creadas desde el año 2002 para facilitar la gestión, requieren una actualización tanto en sus reglas operativas como en su funcionamiento. La propuesta incluye retirar requisitos considerados innecesarios, revisar la vigencia de las licencias de conducción y las revisiones técnico-mecánicas, ampliar la oferta de establecimientos para la realización de cursos pedagógicos y garantizar la interoperabilidad de los trámites en todo el territorio nacional.
«Al final, lo que queremos es aliviar el bolsillo, que ya les conté por qué; simplificar, porque tenemos una cantidad de trámites que alargan los procesos, que dificultan y que encarecen, pero tenemos que también ordenar otras situaciones como fortalecer el control sobre el Runt y el Simit, que fueron herramientas que facilitaron todo este trabajo, pero creadas desde el 2002».
Elsa Noguera, ministra de Transporte de Colombia
Régimen sancionatorio estricto para conductas de alto riesgo
A pesar del enfoque en la reducción de costos y la simplificación de trámites, la ministra fue enfática al señalar que el ajuste de tarifas no implicará una flexibilización en las infracciones que comprometan la seguridad vial. La reforma mantendrá un régimen sancionatorio estricto para conductas de alto riesgo, como el exceso de velocidad y la conducción en estado de embriaguez. Noguera subrayó la importancia de ser severos con quienes ponen en peligro la vida de otros, recordando que una persona que conduce bajo los efectos del alcohol no solo arriesga su propia vida, sino la de los demás.
«Cuidaremos que sea justo con el ciudadano, pero bien severo con el infractor, porque cuando una persona excede la velocidad no solo pone en riesgo su vida, sino la vida del otro. ¿Cuántas veces no vemos que una persona conduciendo en grado de embriaguez tiene un accidente y mata a otra persona?».
Elsa Noguera, ministra de Transporte de Colombia
Con esta reforma, el Gobierno busca equilibrar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a cobros considerados abusivos con la necesidad de mantener un control riguroso sobre las conductas que amenazan la seguridad en las vías. La propuesta, que ahora inicia su trámite legislativo en el Congreso, promete generar un intenso debate en torno a cómo modernizar un código que, según sus impulsores, se ha quedado rezagado frente a las necesidades reales de los colombianos.
