El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió al paso de las críticas que ha generado la propuesta de regulación de viviendas turísticas incluida en la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), asegurando que la medida no atenta contra la propiedad privada ni prohíbe el turismo, y vinculó las voces opositoras al inicio de la campaña electoral para la Alcaldía. En una serie de mensajes difundidos a través de sus redes sociales, el mandatario local recalcó que “regular no es prohibir” y que el debate continúa abierto, pero dejó claro su posición: “Yo tengo algo muy claro. Estoy del lado de las familias de Medellín”. La propuesta, que ya se discute en el Concejo de la ciudad, busca actualizar el POT aprobado en 2014 y establecer nuevas condiciones de localización y funcionamiento para la vivienda turística, con el objetivo de proteger la vivienda familiar y la convivencia en sectores residenciales ante el crecimiento exponencial de este tipo de alojamientos.
Las declaraciones de Gutiérrez se producen en un contexto de fuerte presión por parte del sector de plataformas de renta corta, que ha cuestionado el impacto de la iniciativa y afirma que la actividad quedaría restringida en el 72% de la ciudad, específicamente en zonas de baja mixtura donde predomina el uso residencial. Según la interpretación del gremio turístico, la vivienda turística solo estaría autorizada sin restricciones en el 3,4% del territorio, correspondiente a sectores de alta mixtura, mientras que en el 24,5% de áreas de mixtura media se permitiría bajo condiciones. Sin embargo, la Alcaldía no comparte ese cálculo y sostiene que la medida ordena la actividad sin llegar a una prohibición generalizada. La directora del Departamento Administrativo de Planeación, Luz Ángela González, explicó que el mayor número de quejas recibidas en las Inspecciones de Policía y a través de la línea 123 está relacionado con el ruido y otros inconvenientes de convivencia, especialmente en zonas como El Poblado, Laureles-Estadio y La Candelaria. “Está muy desbordado”, afirmó González, citada por El Colombiano, al referirse a la situación generada por la proliferación de viviendas turísticas.
Cifras que respaldan la intervención
Los datos oficiales ilustran el vertiginoso crecimiento de esta actividad en Medellín. Mientras que en 2019 había 521 prestadores de vivienda turística registrados, para 2026 la cifra se disparó a 8.322, un aumento que evidencia la presión sobre los barrios residenciales. Entre 2024 y 2026, la administración municipal realizó 408 inspecciones, de las cuales 105 terminaron en suspensiones temporales. Pese a las críticas, Gutiérrez insistió en que la regulación no implica quitar propiedades ni atenta contra la libre empresa. “Quién tiene propiedades, las seguirá teniendo, nadie se las puede arrebatar”, afirmó el alcalde, y calificó de “absurdo” que algunos tilden la medida de socialismo. “La vivienda familiar debe ser protegida”, sentenció.
“El turismo es un renglón económico muy importante y lo seguiremos jalonando, pero con orden. Primero nuestra gente”
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
La propuesta de revisión del POT mantiene y refuerza la restricción que ya existía desde 2014, cuando se prohibió la vivienda turística en zonas de baja mixtura. Ahora, Planeación ha identificado alrededor de 16.000 lotes potenciales para nuevos desarrollos en las áreas donde la actividad sí estaría permitida, lo que la administración considera una muestra de que la medida no busca eliminar el turismo sino regularlo para garantizar la convivencia. El alcalde, cuyo mandato finaliza en 2027, relacionó las críticas más severas con un contexto preelectoral: a su juicio, algunos sectores están utilizando el debate para posicionarse de cara a la contienda por la Alcaldía. “El debate sigue”, reiteró Gutiérrez, “pero yo tengo algo muy claro: estoy del lado de las familias de Medellín”. La discusión en el Concejo continuará en las próximas semanas, mientras el gremio turístico y las plataformas de alquiler temporal mantienen su presión para evitar lo que consideran una limitación excesiva a su actividad.
