Abogados, representantes de víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y organizaciones de derechos humanos enviaron tres comunicaciones formales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para alertar sobre los riesgos que enfrentan la independencia y la sostenibilidad financiera de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), debido a recortes presupuestales proyectados y a una iniciativa legislativa que cursa en el Senado. Las cartas, fechadas el 25 y 26 de septiembre de 2026, fueron remitidas desde Bogotá a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, a cargo de Tania Reneaum Panszi, y a la Oficina del Fiscal de la CPI en La Haya, específicamente a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang.
La primera de estas comunicaciones solicita medidas cautelares a la CIDH, mientras que la segunda, presentada por el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (Iresodh), pide que el organismo requiera información al Estado colombiano, en ejercicio de las facultades del artículo 41 de la Convención Americana, sobre las iniciativas legislativas que afectan a la JEP. La tercera carta, suscrita por un amplio colectivo que incluye al Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Libertad, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Corporación Jurídica Yira Castro, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y otras organizaciones, pone en conocimiento de la Fiscalía de la CPI hechos recientes que, según su análisis, comprometerían la independencia, la autonomía y la sostenibilidad financiera de la JEP.
Recortes presupuestales y proyecto de acto legislativo
Los firmantes advierten que el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla una reducción significativa de los recursos asignados a la JEP y a la Ubpd, lo que pondría en riesgo la continuidad de sus funciones y la garantía de derechos de las víctimas. Además, denuncian el trámite del proyecto de acto legislativo 04 de 2026 en el Senado, el cual plantea una revisión automática de las sentencias de la JEP contra integrantes de la fuerza pública por parte de la Jurisdicción Penal Militar. “Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiera información al Estado de Colombia, en ejercicio de las facultades del artículo 41 de la Convención Americana, sobre iniciativas legislativas que afectan a la Jurisdicción Especial para la Paz”, se lee en la carta del Iresodh, citada por Caracol Radio.
Las organizaciones subrayan que estas acciones pueden socavar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, así como la confianza de las víctimas en el sistema de justicia transicional. La comunicación dirigida a la CPI se presenta dentro del Acuerdo de Cooperación del 28 de octubre de 2021 y el seguimiento posterior al cierre del examen preliminar sobre Colombia, con el objetivo de que el fiscal evalúe si los hechos descritos configuran una amenaza a la administración de justicia que deba ser investigada.
«Ponen en conocimiento de la Fiscalía hechos recientes que, según su análisis, comprometerían la independencia, la autonomía y la sostenibilidad financiera de la JEP»
Carta al Fiscal de la CPI
Las tres misivas, que suman un total de tres documentos formales, buscan activar los mecanismos de protección internacional y advertir a los organismos multilaterales sobre lo que consideran un retroceso en la garantía de los derechos de las víctimas y en la estabilidad de la justicia transicional en Colombia. Mientras tanto, el debate en el Congreso y la discusión del presupuesto nacional continúan su curso, y las organizaciones de derechos humanos mantienen la alerta sobre el futuro de la JEP y la Ubpd.
