En un reciente debate de control político en el Congreso, el Gobierno nacional defendió la realización de pilotos de aspersión aérea con glufosinato de amonio para la erradicación de cultivos de coca en el departamento de Putumayo, pero condicionó su aplicación al cumplimiento estricto de los avales de la Corte Constitucional y los requisitos ambientales que establezca la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La controversia reunió al ministro de Justicia, Iván Cancino; la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla; los representantes José Luis Bohórquez (Pacto Histórico) y Renson Alexander García; el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, así como delegados de los ministerios de Ambiente, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, universidades públicas, Naciones Unidas e institutos ambientales.
El ministro Cancino fue enfático al señalar que el programa de aspersión se sujetará a las condiciones previas fijadas por la Corte Constitucional y las restricciones ambientales que emita la ANLA. “Voy a acatar la ley y las recomendaciones internacionales, pero vamos a enfrentar a los grupos que se aprovechan de los campesinos para estos cultivos”, declaró durante la sesión. El funcionario explicó que el objetivo no es experimentar con la salud de las personas, sino garantizar que no haya presencia humana durante las aplicaciones. “Este programa no está diseñado para ver qué pasa con el ser humano cuando se hace la aspersión. Se trata de cuidarlo y que no esté presente”, afirmó Cancino, quien también subrayó que la clave no es el nivel de daño de la sustancia, sino cómo usarla sin afectar a la ciudadanía.
Riesgos ambientales y sociales en el centro del debate
Congresistas de diferentes bancadas expresaron su preocupación por los posibles impactos del glufosinato de amonio, un herbicida de amplio espectro, sobre la salud de las comunidades, el medio ambiente y los territorios indígenas. El representante José Luis Bohórquez cuestionó las implicaciones para la salud y la efectividad de la sustancia, mientras que Renson Alexander García advirtió que la ANLA ya prepara una resolución con restricciones, pero que los efectos del herbicida sobre otras especies y las combinaciones con otros químicos podrían aumentar los riesgos. Además, algunos legisladores señalaron que la aspersión aérea podría generar desplazamiento de los cultivos hacia otras zonas.
La viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, defendió la aspersión aérea como una herramienta necesaria ante las graves dificultades que enfrenta la erradicación manual en Putumayo, donde la presencia de minas antipersona ha obstaculizado las labores de los equipos de erradicación. Según la funcionaria, el crecimiento de los cultivos de coca ha fortalecido a los grupos armados en la región, por lo que se hace indispensable evaluar métodos alternativos. El Gobierno ha sostenido conversaciones con la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía, universidades públicas, Naciones Unidas e institutos ambientales, y aseguró que no se excluirá a las comunidades ni se omitirán las consultas previas.
Gobernador anuncia visita de ministros a Putumayo
El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, informó que los ministros viajarán a la región para resolver las dudas de las comunidades y evaluar alternativas complementarias, como la erradicación voluntaria, el uso de drones y la sustitución de cultivos. Molina destacó que la decisión final sobre los pilotos dependerá de la resolución que emita la ANLA, la cual deberá aplicar los principios de precaución y prevención señalados por el Ministerio de Ambiente, excluyendo las zonas más sensibles.
“Esta resolución y todos los pilotos que se hagan serán ajustados a las decisiones de la Corte y las condiciones previas que se deben tener en cuenta”
Iván Cancino, Ministro de Justicia
El debate refleja la tensión entre la urgencia de combatir el narcotráfico y la necesidad de proteger a las comunidades y los ecosistemas. Mientras el Gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en la legalidad y el rigor técnico del programa, los opositores advierten que cualquier error podría agravar la crisis humanitaria y ambiental en Putumayo, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado y los cultivos ilícitos.
