En una decisión conocida la noche del miércoles 30 de septiembre, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa aceptó tramitar los recursos presentados por varias entidades del Gobierno contra la Sentencia No. 003 del 22 de septiembre de 2026, que había ordenado suspender por completo el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio. El caso ahora pasa al Tribunal Administrativo del Putumayo, que será el encargado de decidir en segunda instancia si confirma, revoca o precisa el fallo que frenó el programa. Mientras tanto, la medida que suspendió el piloto continúa vigente.
El programa, autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, busca fumigar un máximo de 1.000 hectáreas durante aproximadamente siete días para medir la eficacia del químico, la precisión de las aeronaves y la dispersión del producto, en medio del aumento de la producción de hoja de coca. Sin embargo, el juzgado había ordenado la suspensión total por considerar que existía incertidumbre científica sobre los efectos del herbicida y un posible riesgo para derechos fundamentales. Al momento de la tutela, no se habían realizado sobrevuelos ni aspersiones.
Argumentos del Gobierno
El Ministerio de Justicia, en su defensa presentada ante el juzgado, sostuvo que «la incertidumbre científica no equivale a la acreditación de un peligro grave o irreversible». Además, señaló que «la existencia de condiciones administrativas pendientes tampoco equivale a su incumplimiento», refiriéndose a los trámites que aún no se habían completado para ejecutar el piloto. La cartera cuestionó que se aplicaran precedentes constitucionales sobre glifosato —como la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019— a un programa que usa una sustancia distinta, el glufosinato de amonio.
«La incertidumbre científica no equivale a la acreditación de un peligro grave o irreversible»
Ministerio de Justicia
Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) argumentó que las resoluciones que autorizan el programa pueden controvertirse por otras vías judiciales, y que no se había acreditado plenamente la participación de las comunidades potencialmente afectadas en el trámite de la tutela. Las acciones de tutela acumuladas ascendieron a 10, todas relacionadas con la suspensión del piloto.
Las comunidades y el proceso
El juzgado no logró establecer de manera completa si las comunidades que podrían resultar afectadas fueron debidamente vinculadas al proceso. Se incorporó al expediente un informe de Filipo Aníbal López, secretario de Infraestructura de Orito y alcalde encargado, quien solicitó retirar a ese municipio del trámite. También se remitió un memorial relacionado con declaraciones públicas del presidente de la República sobre la erradicación aérea. Entre las organizaciones vinculadas figura la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación.
El Tribunal Administrativo del Putumayo, que ahora tiene la palabra, podrá ratificar el fallo que suspendió el piloto, revocarlo por completo o hacer las precisiones que considere necesarias, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de reanudar el programa para combatir los cultivos ilícitos.
