La concejala de Bogotá Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, denunció ante el Concejo Distrital que el incremento del pasaje de TransMilenio a 3.550 pesos para 2026 benefició de manera directa las utilidades de los concesionarios privados, al tiempo que elevó los índices de evasión y aumentó la presión sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). Durante su intervención, Sánchez presentó cifras de los estados financieros de los operadores, validaciones y estadísticas de evasión para demostrar que el alza del 10,94 % —equivalente a 350 pesos— superó ampliamente la proyección de inflación del 4,6 %, que habría significado un incremento alternativo de solo 150 pesos.
Según los datos expuestos por la cabildante, la tarifa pasó de 3.200 a 3.550 pesos, un aumento que contrasta con el 2024, cuando el Distrito mantuvo congelado el precio nominal del pasaje. Ese año sin incremento, las validaciones crecieron un 4,6 % y la evasión en el componente troncal fue la más baja del período analizado, con un 13,14 %. En cambio, entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026, las validaciones cayeron un 7,1 %, mientras que la evasión en la troncal subió de 15,19 % en el segundo semestre de 2025 a 17,97 % en el primer semestre de 2026. Sánchez subrayó que el aumento tarifario no solo encarece el servicio para los usuarios, sino que deteriora la operación y agrava los problemas de convivencia en las estaciones.
Utilidades récord para los concesionarios
La concejala detalló que las utilidades netas proyectadas de los concesionarios para 2026 alcanzan los 331.073 millones de pesos, lo que representa una rentabilidad neta del 5 %. Esto supone un incremento respecto a los al menos 249.257 millones de pesos registrados en 2025, año en que la rentabilidad del conjunto de empresas fue del 5 %, tras haber sido del 4 % en 2024. Sánchez llamó la atención sobre las ganancias de los concesionarios de la Fase IV, que suman 165.745 millones de pesos con una rentabilidad del 14 %, y las del negocio de recaudo, que ascienden a 72.453 millones con un margen del 26 %. Frente a estas cifras, la concejala propuso una alternativa: si el incremento hubiera sido solo de 150 pesos, en línea con la inflación, las utilidades de los concesionarios habrían sido de 133.934 millones de pesos, equivalentes a una rentabilidad del 2 %, y los 200 pesos restantes del aumento real podrían haberse trasladado a los operadores para no presionar a los usuarios ni al FET.
El Fondo de Estabilización Tarifaria, que en 2025 alcanzó los 3,2 billones de pesos, pasará a 3,3 billones en 2026, lo que evidencia una mayor carga para las finanzas distritales. Sánchez cuestionó el destino de los recursos destinados al control de la evasión: mientras en 2024 se gastaron 7.528 millones de pesos, en 2025 la cifra se disparó a 48.195 millones y el presupuesto para 2026 asciende a 76.580 millones. Además, la contratación de personal preventivo y persuasivo para este año suma 142.467 millones de pesos. La concejala advirtió que este personal ha intervenido físicamente en confrontaciones con evasores, pese a que su función contractual no es represiva, y sostuvo que el control de la evasión no debe basarse en más torniquetes ni en convertir las estaciones en espacios de confrontación.
«¿Quiénes ganan con un transporte público cada vez más caro para la ciudadanía bogotana?»
Heidy Sánchez, concejala del Pacto Histórico
Violencia y fatalidad en el sistema
La denuncia de Sánchez también puso sobre la mesa un grave episodio de violencia ocurrido el viernes 18 de septiembre en la estación Terreros de TransMilenio, en el municipio de Soacha. Allí, el guarda de seguridad Cristian Garzón perdió la vida en medio de una situación de convivencia. La concejala vinculó este hecho con el ambiente de tensión que, según ella, la propia Administración ha inducido en las estaciones al priorizar el control represivo sobre la evasión en lugar de soluciones estructurales. «Este problema de convivencia, inducido por la Administración en las estaciones del sistema, ha ido escalando y cobró su primera víctima fatal el pasado viernes 18 de septiembre: el guarda Cristian Garzón», afirmó.
Como cierre de su intervención, Heidy Sánchez pidió revisar y renegociar los contratos de concesión, fortalecer la operación pública del sistema y transparentar el cálculo oficial de las utilidades de los concesionarios. Su llamado apunta a que el transporte público de Bogotá deje de ser un negocio rentable para unos pocos a costa de la calidad del servicio y la seguridad de usuarios y trabajadores.
