La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente un fallo condenatorio contra el empresario Carlos Alberto Solarte Solarte por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en el marco del caso Odebrecht. La petición se produjo durante la audiencia de alegatos de conclusión realizada el viernes 2 de octubre de 2026 en Bogotá, tras siete años de juicio oral. Los hechos investigados se remontan al periodo entre 2008 y 2011, durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, y están relacionados con el denominado «carrusel de la contratación» que afectó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
El caso se centra en el contrato 1115 de 2009, cuyo valor inicial ascendió a 243 mil millones de pesos, para la construcción del interceptor Tunjuelo-Canoas y una planta de tratamiento en Soacha, Cundinamarca. Según la Fiscalía, Solarte habría accedido a información reservada de la licitación, preparado una propuesta ajustada para garantizar la adjudicación e intervenido ante los funcionarios encargados del proceso. Tras la firma del contrato, la EAAB entregó un anticipo de aproximadamente 48 mil millones de pesos, del cual, de acuerdo con el ente acusador, 5 mil 160 millones fueron destinados al pago de dádivas y cerca de mil millones habrían sido entregados a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas.
El estándar probatorio y las pruebas del caso
Durante la audiencia, el fiscal del caso, cuyo nombre no fue revelado, aseguró que las pruebas documentales y testimoniales presentadas, debatidas e incorporadas en el juicio oral demostraron, más allá de toda duda, la responsabilidad penal del acusado. «Circunstancia que permite consentir en que se cumple con el estándar probatorio definido por el legislador para dictar sentencia condenatoria acorde con el artículo 381 del estatuto procesal», señaló el funcionario en sus alegatos. La acusación formal contra Solarte se presentó en 2019, el mismo año en que su hija, Paola Fernanda Solarte, fue condenada a seis años y medio de prisión domiciliaria tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que se modificó el delito de peculado por apropiación a abuso de confianza calificado.
«Debo precisar que los comportamientos objeto de acusación tuvieron ocurrencia en Bogotá Distrito Capital durante el mandato del alcalde Samuel Moreno Rojas, 2008-2011, a propósito de un proceso de contratación que se tramitó, celebró y ejecutó a instancias de la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá»
Fiscal del caso, Fiscalía General de la Nación
El contrato en cuestión fue suscrito entre la EAAB y el Consorcio Canoas, integrado por empresas vinculadas al grupo Solarte y a la multinacional Odebrecht. La obra tenía como objetivo construir un túnel para transportar aguas residuales del río Tunjuelo a la futura planta de tratamiento de Canoas, en Soacha, y devolverlas tratadas al río Bogotá, como parte del plan maestro de descontaminación de la EAAB. En 2023, la Fiscalía ocupó siete predios que atribuye al empresario, presuntamente adquiridos con recursos ilícitos, quedando estos bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La Fiscalía sostuvo que los hechos constituyen una vulneración de los principios de contratación pública como transparencia, responsabilidad, selección objetiva y economía, en el marco de la estructura de corrupción que direccionó contratos públicos durante la administración de Samuel Moreno. El proceso sigue a la espera de que se programe la lectura del fallo, sin que hasta el momento se haya reportado una fecha para dicha diligencia.
