El decreto 1525, que regula la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones, desata controversia
Mientras el Gobierno defiende la protección de la protesta pacífica y el control de los bloqueos, sectores sociales advierten posibles riesgos para el ejercicio de este derecho
Colombia afronta este miércoles una jornada nacional de movilizaciones que representa el primer gran pulso en las calles entre el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y sectores sindicales, estudiantiles, indígenas y políticos que cuestionan algunas de sus decisiones.
La protesta se desarrolla en medio de una creciente controversia por la expedición del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, mediante el cual el Ejecutivo modificó las reglas de actuación de la Policía Nacional durante las manifestaciones públicas, particularmente frente a los hechos de violencia, los bloqueos de vías y las afectaciones a la movilidad.
La norma fue expedida horas antes de las movilizaciones y establece nuevos procedimientos para coordinar el diálogo, la mediación y la intervención de las autoridades. Uno de sus puntos más discutidos permite actuar contra quienes incurran en hechos violentos sin esperar a que concluya el proceso de diálogo con el conjunto de los manifestantes.
Un decreto en el centro de la controversia
El Gobierno sostiene que las nuevas disposiciones buscan garantizar el derecho a la protesta pacífica, al tiempo que protegen a quienes necesitan movilizarse, trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales.
El presidente De La Espriella ha insistido en que su administración respetará las manifestaciones pacíficas, pero no permitirá que la violencia o los bloqueos afecten los derechos de terceros.
Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre sectores de oposición y organizaciones sociales, que advierten sobre el riesgo de que las nuevas facultades de intervención policial terminen restringiendo el ejercicio de la protesta.
La discusión se concentra en el equilibrio entre dos obligaciones del Estado: garantizar la libertad de reunión y manifestación pública y proteger la seguridad, la movilidad y los derechos de quienes no participan en las marchas.
El decreto contempla diferentes niveles de actuación institucional, desde la gestión de convivencia y el diálogo hasta la intervención de unidades especializadas de la Policía cuando las circunstancias lo requieran.
Las razones de la movilización
Las convocatorias reúnen a distintos sectores sociales que expresan inconformidad con las políticas del Gobierno nacional.
Entre los asuntos planteados por los organizadores figuran reivindicaciones laborales y educativas, la defensa de la autonomía universitaria, las demandas de comunidades indígenas y las necesidades de reconstrucción de instituciones educativas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Las movilizaciones tienen como escenario principal Bogotá, pero también se han convocado marchas en ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Armenia.
La respuesta del Gobierno, bajo observación
La jornada pondrá a prueba la capacidad de las autoridades para garantizar el desarrollo de las manifestaciones y responder ante eventuales alteraciones del orden público.
El Ejecutivo ha anunciado coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales para atender asuntos de movilidad, prevención y protección de los ciudadanos. Al mismo tiempo, ha advertido que la Fuerza Pública podrá intervenir cuando se presenten hechos violentos o situaciones que comprometan la seguridad.
La aplicación del nuevo decreto será uno de los aspectos centrales de la jornada, especialmente en caso de bloqueos o enfrentamientos.
El desafío será determinar si las autoridades logran mantener el orden público sin afectar las garantías constitucionales de quienes decidan manifestarse pacíficamente.
Una prueba política para el nuevo Gobierno
Más allá de las marchas y sus eventuales efectos sobre la movilidad, la jornada representa una primera prueba política para la administración De La Espriella frente a sectores que cuestionan sus decisiones.
El desarrollo de las movilizaciones, la respuesta institucional y el alcance de las medidas policiales permitirán evaluar el manejo de una controversia que va más allá de una jornada de protesta: ¿cómo garantizar simultáneamente el derecho a la movilización social y la protección de los derechos de los demás ciudadanos?
El resultado dependerá tanto del comportamiento de los manifestantes como de la actuación de las autoridades y del respeto efectivo por las garantías constitucionales.
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