En una jugada que busca modernizar la gestión del Congreso de la República y generar un significativo ahorro fiscal, los representantes a la Cámara Miguel Ángel Pinto, Daniel Briceño y Jaime Arizabaleta, todos del Centro Democrático, radicaron un proyecto de ley que propone fusionar las direcciones administrativas del Senado y la Cámara de Representantes en una sola entidad. La iniciativa, que modificaría la Ley Quinta de 1992, estima un ahorro anual de 300.000 millones de pesos al eliminar la duplicidad de funciones que actualmente existe en áreas como personal, jurídico, financiero, prensa, protocolo y control interno, sin afectar la autonomía de cada corporación.
Una sola dirección para el Congreso
El proyecto busca crear la Dirección Administrativa del Congreso de la República, que concentraría todas las áreas de soporte como la División de Personal, la División Jurídica, la División Financiera y Presupuesto, y la División de Servicios. Según explicó el representante Jaime Arizabaleta, «no tiene ningún sentido que haya dos direcciones en una sola corporación en el Congreso de la República». La nueva dirección sería liderada por un director elegido por el Congreso en pleno, mediante una convocatoria pública con criterios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y mérito. El cargo tendrá una duración de cuatro años y exigirá al menos cinco años de experiencia administrativa en nivel directivo. Quedarán excluidos quienes hayan sido congresistas en los últimos doce meses, así como familiares de legisladores en ejercicio.
«No tiene ningún sentido que haya dos direcciones en una sola corporación en el Congreso de la República»
Jaime Arizabaleta, representante del Centro Democrático
La planta de personal inicial de la nueva dirección no podrá superar el número de empleos de la dirección administrativa más grande, ya sea la del Senado o la de la Cámara, lo que garantiza que no se incremente la burocracia. Además, se establece un período de transición para la implementación, y la nueva dirección comenzará a funcionar el 1 de enero de la vigencia fiscal siguiente a la posesión de su primer director. Durante este proceso, se respetarán los derechos de carrera administrativa, el debido proceso y las condiciones salariales de los trabajadores incorporados. El control fiscal continuará a cargo de la Contraloría General de la República.
Austeridad y transparencia en el gasto legislativo
Uno de los puntos clave de la reforma es la regulación de las Unidades de Trabajo Legislativo. Cada congresista podrá tener hasta diez empleados o contratistas, con un costo mensual máximo de 50 salarios mínimos legales mensuales. Esta medida busca poner límites al gasto en personal de apoyo, que ha sido motivo de críticas por su opacidad. Asimismo, el director de la nueva entidad podrá ser removido tras una evaluación de desempeño realizada por el Congreso en pleno, y estará obligado a rendir informes semestrales a las mesas directivas, así como a publicar trimestralmente información sobre contratos, personal y ahorros generados. La iniciativa, que reforma la Ley 5 de 1992, representa un esfuerzo por aplicar principios de austeridad y eficiencia en el Legislativo, en un contexto donde la opinión pública reclama mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
