La plenaria de la Cámara de Representantes suspendió este jueves 15 de octubre de 2026 el segundo debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027 sin siquiera iniciar la discusión de fondo, tras la votación de impedimentos y ante la falta de cuórum. La sesión, que debía abordar la ponencia que fija un monto de 634,9 billones de pesos, fue levantada y reprogramada para el lunes 19 de octubre a las 10:00 de la mañana, a solo un día del plazo legal del 20 de octubre para que el Congreso apruebe el presupuesto. Si no se logra la aprobación antes de esa fecha, el Ejecutivo, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, podría expedir el presupuesto mediante decreto.
El ambiente en el recinto fue tenso y reflejó las profundas diferencias entre el Gobierno nacional y sectores del Congreso, así como entre las bancadas políticas. La representante Isabel Vera, del partido Colombia Humana, señaló que la suspensión es consecuencia de un gobierno que quiere pasar por encima del Congreso, que no busca escenarios de conciliación ni diálogo. Vera agregó que también se rompe por congrecistas de la derecha que no están de acuerdo con las decisiones en términos presupuestales, y afirmó que no iban a aceptar ninguna
de las iniciativas del Ejecutivo. Por su parte, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, calificó la jornada como otra victoria para su colectividad, protegiendo los intereses de todos los colombianos, y sostuvo que seguirán defendiendo un presupuesto alternativo menor al propuesto por el Gobierno pero mayor para la ciudadanía, no para los acreedores.
Choque entre el Ejecutivo y el Legislativo
Uno de los puntos de mayor controversia fue la actitud del Gobierno al presentar el presupuesto regionalizado apenas quince minutos antes de la sesión. El representante Marco Hincapié, también del Pacto Histórico, denunció que se pretendía que el Congreso aprobara en ese breve tiempo la defensa de las regiones y los territorios. Hincapié advirtió que esto es un golpe sobre la mesa del Congreso que le dice a Abelardo de la Espriella que el Congreso se respeta. En una declaración conjunta, Carrascal e Hincapié aseguraron que no permitieron que el presidente impusiera un presupuesto que golpeaba a los territorios y desfinanciaba los programas sociales que benefician a millones de colombianos.
El miistro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, por su parte, pidió que se archiven cuatro proposiciones que habían sido avaladas en primer debate por falta de aval escrito, advirtiendo riesgo de inconstitucionalidad. Entre esas proposiciones destacan dos del senador Cristian Garcés, del Centro Democrático: una que modifica el artículo 92 del presupuesto, relacionado con el programa de austridad y eficiencia del gasto, y otra que asigna 3,9 billones de pesos a damnificados por el terremoto del 10 de agosto, a través del artículo 91. La primera busca establecer metas cuantificables de ahorro, indicadores de gestión y reducción del gasto en rubros no esenciales como prestación de servicios, viáticos, publicidad y viajes, además de consulta pública del seguimiento. La segunda pretende destinar esos recursos a la atención de familias, recuperación de viviendas, infraestructura pública y restablecimiento económico de las zonas afectadas.
La ponencia para segundo debate mantiene el monto total de 634,9 billones de pesos, pero incorpora cambios respecto al texto aprobado en primer debate el pasado 23 de setiembre en las Comisiones Económicas Conjuntas. El lunes 19 de otubre, con la sesión repgramada, se concentrará el trámite final, en medio de difeencias sobre las prioridades del gasto que aún no se han resuelto. La decisión de la Cáma de Representntes de levantar la sesión evidencia la fractura entre el Ejecutivo y el Legislativo, y deja abierta la posiblidad de que, si no hay acuerdo en la próxima semana, el presidente Abelardo de la Espriella termine definiendo el presupuesto por decreto, una opción que ya se avizora en el horizonte político y financiero del país.
