En un paso clave para la seguridad y el orden público, el proyecto de ley de sometimiento para estructuras ilegales fue radicado para su primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Congreso de la República. La iniciativa, identificada como PL 433 de 2026 en Cámara y 296 de 2026 en Senado, fue presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y cuenta con ponentes de varios partidos, entre ellos los senadores Hernán Cadavid, Fabio Raúl Amín, Manuel Virgüez y Alfredo Rafael Deluque, así como los representantes Eimy Julieth Suárez, Daniel Briceño, Martha Isabel Ruiz y Guillermo León Blanco, provenientes de colectividades como Centro Democrático, Mira, Cambio Radical, Colombia Renaciente, Salvación Nacional y la U. La radicación ocurrió el viernes 16 de octubre, dos días después de la presentación oficial del proyecto y del mensaje de urgencia enviado por el Ejecutivo, y ahora el texto deberá superar cuatro debates antes del próximo 5 de noviembre, fecha en que vence la prórroga de la Ley de Orden Público.
En comparación con la propuesta original, el articulado experimentó cambios significativos. Pasó de 22 a 28 artículos e incorpora un control previo del Ministerio de Justicia sobre las listas de posibles beneficiarios, cuya verificación estará a cargo de la Fuerza Pública y la Fiscalía. Las listas no podrán incluir a personas que ya se encuentren privadas de la libertad ni a individuos ajenos a los grupos armados. Además, se sustituyó el término “rol de liderazgo” por “rol de mando” en el Código Penal, lo que define con mayor precisión a los cabecillas. Para estos, la sanción efectiva de privación de la libertad será de 10 años, mientras que los combatientes de base —quienes no tengan mando— podrán acumular beneficios limitados. Los beneficios incluyen rebajas de condena de hasta el 50% para cabecillas y del 30% para integrantes rasos. La iniciativa no contempla suspensión de órdenes de captura ni de extradición, y quienes hayan sido capturados antes de la entrada en vigor de la ley no podrán acogerse al nuevo marco.
Alcance y plazos del sometimiento
Según cifras del Ministerio de Justicia, citadas por La FM, alrededor de 28.800 miembros de estructuras ilegales podrían acogerse a la norma, que establece un proceso de sometimiento voluntario individual o colectivo. Los acercamientos con el Gobierno solo podrán realizarse a través de abogados, descartando cualquier negociación política. Los recursos del Fondo Nacional de Seguridad (Fonsecón) se destinarán exclusivamente a proyectos de la Fuerza Pública, y el Gobierno deberá presentar un informe anual al Congreso sobre la implementación de la ley. El proyecto modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, y busca dejar sin efecto los componentes de la fallida Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, que, según el Ejecutivo, no logró los resultados esperados.
Proceso legislativo y contexto
La ponencia positiva fue firmada por todos los senadores y representantes mencionados. Las listas de buena fe que reciba el Ministerio de Justicia quedarán bajo reserva hasta la etapa de judicialización, y su aceptación está condicionada a una verificación posterior. Las comisiones primeras conjuntas serán convocadas la próxima semana para iniciar el estudio del proyecto, que deberá sortear cuatro debates antes del 5 de noviembre. Mientras tanto, el presidente Abelardo de la Espriella ha sido enfático en descartar procesos de negociación política con los grupos armados, limitando el sometimiento a un marco de verdad, justicia y reparación para las víctimas, sin concesiones políticas ni beneficios para cabecillas que no cumplan con la sanción efectiva establecida.
