La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó, en fallo fechado el pasado 14 de octubre y anunciado el viernes 16 del mismo mes, la condena de 123 meses y un día de prisión contra el exmagistrado y expresidente del alto tribunal, José Leonidas Bustos Martínez, por su participación en el denominado Cartel de la Toga. La decisión ratifica en su totalidad la sentencia de primera instancia emitida el 20 de febrero, que lo halló culpable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo. La Corte también mantuvo la absolución por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Adicionalmente, el tribunal ordenó a la Fiscalía General de la Nación y solicitó al Gobierno Nacional adelantar las gestiones diplomáticas necesarias para gestionar la extradición de Bustos desde Canadá, país donde reside actualmente.
La investigación estableció que el exmagistrado integraba una estructura criminal que, desde el interior de la Sala Penal, ofrecía intervenciones irregulares en procesos penales de única instancia contra aforados constitucionales. A cambio de pagos millonarios, los implicados utilizaban tácticas como demoras injustificadas en los trámites, archivo de expedientes, emisión de autos inhibitorios, preclusiones y la omisión de órdenes de captura. En su argumentación, la Corte fue enfática al señalar que “la ética judicial es innegociable” y que “lo cuestionable fue la oferta de su cargo, de su dignidad como presidente, al servicio de intereses particulares”. El tribunal también destacó que la participación de Bustos no dependía de que fuera el ponente de los expedientes, pues como integrante de la Sala de Casación Penal podía intervenir en las decisiones colegiadas, poniendo su “disponibilidad y respaldo institucional” al servicio del esquema delictivo.
Una red que operaba desde la cúpula judicial
El entramado criminal, según detalló el fallo, estuvo integrado por Bustos, los entonces magistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, y abogados como el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. La red fue creada para “intervenir ilegalmente en el curso de procesos de única instancia contra aforados constitucionales”, una práctica que corrompió la administración de justicia durante años. La defensa del exmagistrado argumentó falta de competencia funcional, pero la Corte rechazó de plano este argumento, reafirmando su jurisdicción sobre el caso. Como parte de la condena, Bustos deberá pagar una multa de 133 millones 738 mil 170 pesos y enfrenta una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo período de la pena privativa de la libertad, que asciende a aproximadamente 10 años y 3 meses. El tribunal también solicitó al Gobierno colombiano adelantar las gestiones diplomáticas para la extradición del expenalista desde Canadá, donde se encuentra.
“La ética judicial es innegociable”
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Con esta decisión, la Corte Suprema cierra un capítulo judicial de uno de los escándalos más graves en la historia reciente del poder judicial colombiano, dejando en firme la responsabilidad penal de quien fuera su máximo representante. La providencia no solo ratifica la condena, sino que envía un mensaje contundente sobre la necesidad de proteger la institucionalidad y la independencia judicial frente a cualquier intromisión de intereses particulares.
