El Consejo Nacional de Política Criminal, organismo consultivo integrado por representantes del Gobierno, altas cortes, Fiscalía, Defensoría, órganos de control y el Congreso, avaló el proyecto de Ley de Estatuto Antiterrorista del Gobierno colombiano durante una sesión reservada llevada a cabo el jueves 15 de octubre. Con 11 votos a favor y 3 en contra, el concepto previo emitido por este comité permite que la iniciativa continúe su trámite legislativo ante las comisiones constitucionales del Congreso, un paso clave para que el Ejecutivo pueda presentar formalmente la propuesta en el Capitolio.
El ministro del Interior, encargado de exponer los detalles del estatuto ante el consejo, calificó el resultado como extraordinario, destacando que la presentación fue amplia y minuciosa, y que se logró la confianza del Comité de Política Criminal. El proyecto busca dotar al Estado de herramientas para combatir el terrorismo, con énfasis en actos que generen violencia, miedo y zozobra contra la población y la infraestructura estratégica. El ministro rechazó las críticas que señalan un posible uso arbitrario de la ley, aclarando que no se perseguirá a quienes piensen distinto, sino a quienes empleen la violencia como método.
Medidas clave del Estatuto Antiterrorista
El proyecto contempla la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, así como figuras para el congelamiento de activos, la inhabilitación para contratar con el Estado y el bloqueo de transacciones financieras. Además, se establece un aumento de penas de hasta una tercera parte para conductas como el uso de drones armados, la extorsión, los delitos informáticos, el secuestro y las asonadas vinculadas a estructuras criminales. Por otro lado, se prevén rebajas de pena de hasta el 60% para aquellos procesados que proporcionen información efectiva que contribuya a desmantelar redes terroristas. También se crea la figura de un Alto Comisionado contra el Terrorismo y se impulsa la construcción de pabellones de alta seguridad en centros penitenciarios.
“El balance de la reunión es extraordinario. Hicimos una presentación larga, detallada y precisa del Estatuto Antiterrorista y obtuvimos los votos y la confianza del Comité de Política Criminal. Esto es muy importante porque muestra la solidez y las garantías que contempla este estatuto”.
Ministro Lara, Ministro del Interior
El ministro también desestimó las narrativas que califican el estatuto como arbitrario: “no es un estatuto arbitrario: no se va a perseguir a políticos que piensen distinto, como dicen falsamente en las narrativas de ciertos sectores. Esto busca actuar en contra de quienes emplean la violencia, el miedo y la zozobra contra el Estado, los colombianos y la infraestructura estratégica”.
Las objeciones de la minoría
Tres representaciones votaron en contra del proyecto en el Consejo Nacional de Política Criminal. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia objetó la creación de un listado oficial de organizaciones criminales y la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo, al considerar que podrían generar riesgos para el debido proceso. La Defensoría del Pueblo, por su parte, expresó reparos sobre la tipificación del reclutamiento forzado dentro del alcance punitivo del terrorismo, advirtiendo posibles confusiones con otras conductas ya reguladas. El Pacto Histórico también se opuso, alegando que el proyecto podría vulnerar derechos fundamentales y abrir la puerta a abusos de poder.
Tras el aval del Consejo, el proyecto será remitido a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para una revisión final de forma, antes de ser radicado en el Congreso de la República. El Gobierno espera que, una vez iniciado el trámite legislativo, se abra un debate amplio y democrático en el que se ponderen tanto la seguridad como las garantías constitucionales.
