La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia profirió una decisión de 667 páginas en la que llamó a juicio formal a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público, acusados de cohecho impropio por presuntamente aceptar contratos millonarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a cambio de respaldar créditos internacionales solicitados por el Gobierno nacional. La magistrada Paula Andrea Ramírez ordenó la comparecencia de los implicados el próximo martes 20 de octubre de 2026, fecha en la que comenzará el debate procesal.
Los investigados son los representantes y senadores Juan Pablo Gallo Maya, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Esther Bitar Castill, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte, todos integrantes de la Comisión de Crédito Público del Congreso, instancia encargada de avalar los empréstitos que la nación solicita ante organismos financieros internacionales. Según la hipótesis judicial, entre el 5 y 6 de diciembre de 2023, en reuniones celebradas en el Ministerio de Hacienda, se habrían ofrecido obras de la Ungrd a cambio de votos favorables para los créditos que requerían aprobación urgente hacia finales de ese año. El expediente recoge la colaboración de la exasesora María Alejandra Benavides, quien recibió inmunidad total y manejaba una tabla de “cupos indicativos” con el inventario de obras presuntamente asignadas, así como los testimonios de los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, y una libreta atribuida a Manrique.
Las evidencias y las cifras de los contratos
La investigación detalla que, de acuerdo con las pruebas recopiladas –entre las que figuran mensajes entre Benavides y el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla–, se identificaron tres contratos concretos. El primero, por más de 46.000 millones de pesos, para el municipio de Cotorra (Córdoba), habría sido dirigido a Bitar, Manzur y Peinado. El segundo, de aproximadamente 35.000 millones de pesos, destinado a Saravena (Arauca), estaría vinculado a Manrique y Muñoz. El tercero, por más de 12.000 millones de pesos para Carmen de Bolívar (Bolívar), se habría ofrecido para obtener el respaldo de Gallo. La Sala advierte que la gestión de estas obras no implicaría una utilidad patrimonial inmediata para los congresistas, pero sí la consolidación de su capital relacional y social frente a autoridades centrales y locales, lo que encuadra en el delito de cohecho impropio.
“Probablemente aceptaron promesa remuneratoria ofrecida por agentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a cambio de realizar actos propios de sus funciones como integrantes de esa Comisión”.
Auto de la magistrada Paula Andrea Ramírez, Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia
El exdirector de la Ungrd, Olmedo López, declaró en el expediente que recibió instrucciones desde la Casa de Nariño para “colaborarles” a los congresistas, lo que refuerza la hipótesis de una red de favores políticos y económicos. La Sala rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas y reservó para el juicio formal los argumentos de Gallo y Muñoz sobre la exclusión de pruebas. Inicialmente se mencionó a siete presuntos implicados, incluyendo a Julio Elías Chagüi Flórez, pero solo seis fueron llamados a juicio. La decisión subraya que este llamamiento no constituye declaración de culpabilidad, y que los congresistas debatirán las pruebas en el proceso que se avecina.
