El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, aclaró que la libertad por vencimiento de términos decretada a favor de Iván Name y Andrés Calle no representa una absolución, y que el proceso judicial en su contra continúa activo. En entrevista con la revista Cambio, difundida el sábado 17 de octubre, el magistrado explicó que los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, deberán afrontar el juicio en libertad, pero el caso sigue su curso en el sistema penal colombiano. Lenis defendió la labor de la Fiscalía General, liderada por Luz Adriana Camargo, en el megaescándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), señalando que la entidad “hizo un trabajo importante y ha develado una situación compleja de delitos”.
La decisión de la Corte Suprema de dejar en libertad a Name y Calle por vencimiento de términos generó críticas en diversos sectores. Sin embargo, Lenis insistió en que el sistema penal exige que las actuaciones judiciales se efectúen en un tiempo razonable, y que al no cumplirse esos plazos en algunas diligencias, los investigados recuperaron su libertad mientras el juicio avanza. “Pero eso no implica que hayan sido absueltos. El juicio continúa y lo van a afrontar en libertad. Lo importante ahora es que el proceso concluya y que se tomen las decisiones a que haya lugar, sean condenatorias o no”, afirmó el presidente del alto tribunal.
Defensa de los preacuerdos y el modelo procesal colombiano
Lenis también se refirió a la importancia de los mecanismos de terminación anticipada en el sistema judicial colombiano, como los preacuerdos, los allanamientos a cargos y los principios de oportunidad, incluyendo la reparación integral. Destacó que estos instrumentos, impulsados por la Ley 2477 de 2025, buscan descongestionar un sistema donde, a diferencia del modelo estadounidense donde solo el 20% de los casos penales llegan a juicio, en Colombia la mayoría de los procesos terminan en esa fase. “La Fiscalía puede ser igualmente eficaz si se produce un preacuerdo, un principio de oportunidad o un allanamiento de cargos”, puntualizó el magistrado, defendiendo la eficiencia de estas alternativas sin renunciar a la persecución penal.
“La Fiscalía hizo un trabajo importante en el caso de la UNGRD y ha develado una situación compleja de delitos”
Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia
Durante la entrevista, Lenis también se refirió a la situación del magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, quien podría estar vinculado al caso de la UNGRD. Señaló que la Comisión de Acusación es el juez natural para determinar cualquier responsabilidad en ese ámbito. Asimismo, el presidente de la Corte Suprema destacó que la Sala de Instrucción del alto tribunal cumplió su tarea pese a dificultades internas, y que se estudian reformas para que los jueces instructores puedan sostener las acusaciones, así como la creación de otra sala ante el riesgo de congestión judicial.
Preocupación por el presupuesto de la Rama Judicial
Otro de los temas abordados por Lenis fue el proyecto de presupuesto para la Rama Judicial en 2027. La institución solicitó 17,5 billones de pesos, pero el proyecto de presupuesto contempla apenas 11,4 billones, lo que representa un recorte significativo. El presidente de la Corte advirtió que esta reducción afectará la presencia territorial de la justicia, la contratación de personal, la infraestructura y las inversiones necesarias para el funcionamiento del sistema. En particular, mencionó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sufriría un recorte de 170.000 millones de pesos, lo que calificó como preocupante, recordando que “la JEP es un compromiso de Estado, que está en la Constitución”.
“La JEP es un compromiso de Estado, que está en la Constitución”
Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia
En medio de las controversias y la expectativa por el desenlace del caso UNGRD, Lenis dejó claro que la libertad de Name y Calle no cierra el capítulo judicial y que la Fiscalía continúa su labor. El presidente de la Corte Suprema insistió en que el sistema penal colombiano debe equilibrar el respeto a los plazos procesales con la necesidad de llegar a decisiones de fondo, sean condenatorias o absolutorias, y que para ello resulta clave contar con los recursos suficientes y las herramientas legales adecuadas.
