Seis personas fueron imputadas en Medellín por liderar una red que defraudó a más de 1.000 víctimas con falsas membresías turísticas, generando ganancias ilícitas superiores a 14.000 millones de pesos. Los imputados son Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa, ninguno de los cuales aceptó los cargos durante la audiencia realizada el 17 de octubre de 2026 ante un juez de control de garantías.
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado. La investigación reveló que la estructura criminal operaba desde oficinas ubicadas en centros comerciales de Medellín, donde captaban a sus víctimas con falsas promesas de membresías, bonos y descuentos turísticos. Una vez que las personas accedían a las oficinas, los integrantes de la red obtenían sus cédulas, tarjetas bancarias y celulares, y con esos datos abrían productos financieros y realizaban transacciones a nombre de los afectados.
Para dificultar el rastreo, la organización cambiaba constantemente de razón social. Las víctimas no eran seleccionadas al azar: los delincuentes apuntaban deliberadamente a adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas. En los casos en que las víctimas no portaban documentos, los imputados los acompañaban hasta sus viviendas para obtenerlos, y a quienes intentaban leer los contratos se les impedía hacerlo.
Medidas de aseguramiento y otros casos
De los seis imputados, cinco recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Miguel Ángel Manrique Villa fue privado de la libertad en su lugar de residencia. La red se aprovechaba de la confianza de sus víctimas, muchas de ellas con limitaciones que les impedían comprender el alcance de las transacciones que se realizaban a su nombre.
En un caso aparte, el colombiano Luis Pino-Copete y su esposa Jael Watts fueron declarados culpables en Estados Unidos por presentar solicitudes fraudulentas por más de 13 millones de dólares en fondos federales destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y sin hogar. La empresa Pearl Transit Corporation, vinculada a los acusados, no prestó los servicios facturados. La sentencia fue programada para el 21 de enero de 2027. Aunque se trata de hechos diferentes, ambos casos reflejan un patrón de estafa dirigida a poblaciones vulnerables.
