En una decisión que marca un giro importante dentro del proceso que se sigue contra los dueños del conglomerado textil Lili Pink, el Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá, en cabeza del juez Luis Alejandro Barreto Moreno, declaró legal la extracción de datos de cinco dispositivos incautados, revocando así un fallo previo del Juzgado 67 Penal Municipal que había invalidado esos análisis forenses. La determinación judicial permite que la Fiscalía General de la Nación continúe utilizando la información obtenida de esos equipos en el marco de la investigación por presuntos delitos de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cuyas cifras ascienden a más de 730.000 millones de pesos en lavado, 430.000 millones en enriquecimiento ilícito y 75.000 millones en contrabando.
El análisis forense sobre los cinco dispositivos se realizó entre el 28 de julio y el 10 de agosto de 2026, dentro del plazo legal de 15 días establecido para este tipo de procedimientos, y bajo una orden de policía judicial que autorizó a los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a trabajar directamente sobre las evidencias originales. La defensa de los investigados —entre los que figuran Max Abadi, David Abadi, Walter Martínez Martínez y otros socios del conglomerado que incluye las tiendas Yoi— había cuestionado la legalidad del procedimiento, argumentando falta de lealtad procesal y retención excesiva de los equipos. Sin embargo, el juez Barreto Moreno desestimó esos planteamientos al considerar que se trataba de “meras conjeturas, especulaciones e hipótesis carentes de todo respaldo probatorio o indiciario”.
Contexto del caso y la decisión judicial
La investigación se originó en operativos realizados el 27 de abril en más de 400 tiendas de la marca Lili Pink, donde se reportó al menos una captura y se adelantaron medidas de extinción de dominio. En ese marco, la Fiscalía imputó cargos a ocho empresarios y a Walter Martínez Martínez, quien fue capturado en Barranquilla, Atlántico, y habría fungido como representante legal de al menos siete empresas fachada creadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones de la red. Según la investigación, la estructura criminal utilizaba importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar mercancías como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, simulando relaciones comerciales y fragmentando las transacciones con el fin de evadir los controles aduaneros y dificultar la trazabilidad del dinero.
«Resultados completamente inéditos, que de ninguna manera habían sido previamente declarados ilegales»
Luis Alejandro Barreto Moreno, juez del Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá
La decisión del juez Barreto Moreno llegó luego de que la Fiscalía apelara el fallo del Juzgado 67 Penal Municipal, emitido el 11 de agosto de 2026, que había cuestionado la legalidad de los procedimientos forenses. En su nuevo pronunciamiento, el juez validó el uso de los datos extraídos al considerar que los peritos actuaron con apego a la ley, bajo custodia y documentación rigurosa, y que no existían pruebas de contaminación o uso indebido de la información. No obstante, la providencia aclara que esta validación se limita exclusivamente a la obtención de datos de las cinco evidencias tecnológicas y no constituye una declaración de responsabilidad penal contra los investigados.
