La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) salió al paso de las acusaciones formuladas por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, quien durante el debate sobre el recorte presupuestal en las Comisiones Económicas señaló que el tribunal había incurrido en gastos excesivos por concepto de viajes internacionales, calificándolos como «turismo judicial». A través de un comunicado publicado el 17 de octubre de 2025, la JEP, presidida por el magistrado Alejandro Ramelli, desmintió categóricamente esas afirmaciones y reveló que los $56.435 millones mencionados por la congresista corresponden en realidad a la totalidad de recursos ejecutados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2026 para el desarrollo de actividades judiciales y misionales dentro del territorio colombiano, y no únicamente a viajes al exterior.
De acuerdo con la información del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda, presentada por la JEP, el monto total se distribuye en tres rubros: $10.193.312.829 en traslados, $20.501.604.190 en viáticos y $25.425.882.499 en tiquetes. De estos últimos, apenas 61 pasajes internacionales sumaron $286.416.420, lo que representa tan solo el 1,13% del total invertido en boletos. La JEP aclaró que esos recursos financiaron 21.425 actividades institucionales desplegadas en 337 municipios de 31 departamentos del país, entre las que se cuentan 6.353 audiencias y diligencias, 3.506 acompañamientos de protección, 3.073 actividades de pedagogía, 2.777 acciones de alistamiento psicosocial, 2.069 actividades restaurativas, 1.156 exhumaciones, 427 entregas dignas, 805 acompañamientos psicosociales, 299 jornadas de acreditación y 960 actividades de participación ciudadana.
Un promedio de seis comisiones al año
Frente a los señalamientos específicos sobre viajes a ciudades como Miami, Milán, Barcelona, París y Chicago, la JEP detalló que las comisiones internacionales han sido, en promedio, seis por año. Estas se clasificaron en 16 jornadas de servicios a víctimas en el exterior (en países como Ecuador, Chile, Estados Unidos, Venezuela, España y Suecia), 2 para acreditación de víctimas (Chile y Ecuador), 4 reuniones institucionales con organismos como la CPI, la OCDE, el CICR y la OIM, una participación en el Consejo de Seguridad de la ONU con cuatro personas, 18 audiencias, 19 presentaciones de informes ante organizaciones internacionales y una capacitación en seguridad. Sobre la agenda europea del presidente Ramelli, desarrollada entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025 en París, Ginebra y La Haya, la JEP sostuvo que todas las actividades respondieron a invitaciones formales y que no podían realizarse de manera virtual. Además, precisó que en 2026 no se ha efectuado ninguna comisión internacional y que Ramelli ha rechazado al menos seis invitaciones por razones de austeridad.
«El turismo judicial de este Tribunal, a nivel nacional e internacional, le ha costado al país»
María Clara Posada, senadora del Centro Democrático
La JEP no solo desmintió la cifra, sino que también solicitó a la senadora Posada una rectificación pública por la presentación de los recursos como gastos abusivos en viajes internacionales. El tribunal recordó que sus cuentas han sido sometidas a estrictos controles: siete auditorías de la Contraloría General de la República y catorce informes entregados a la Procuraduría General, sin que se hayan encontrado hallazgos disciplinarios, fiscales ni penales. Entre 2024 y 2026, la entidad reportó ahorros y eficiencias por $21.760,64 millones, mientras atendió 134 sesiones de trabajo con entidades internacionales y recibió 20 visitas de mecanismos internacionales. El comunicado también hizo referencia a un caso judicial reciente: un viaje a Nueva York en julio de 2025 fue objeto de una orden de rectificación contra la revista Semana, lo que refuerza la posición de la JEP frente a lo que considera una campaña de desinformación.
