El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, liderado por el ministro Miguel Gómez Martínez, publicó el pasado 9 de octubre de 2026 un proyecto de decreto que modifica sustancialmente la fórmula para calcular el deslizamiento del salario mínimo aplicable a las rentas vitalicias. La iniciativa, puesta en consulta pública, elimina el componente inflacionario que se había incorporado en el Decreto 1485 de 2025, y propone volver al critero exclusivo de la productividad para determinar el parámetro que usarán las aseguradoras para proyectar sus obligaciones.
La decición responde a una drástica caída en la emisión de estas pólizas: en el primer semestre de 2025 se emitieron 6.478 rentas vitalicias, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra se desplomó un 64%, con apenas 2.319. El capital requerido para que un afiliado pueda pensionarse con una renta vitalicia de un salario mínimo pasó de aproximadamente 350 millones de pesos en 2025 a cerca de 550 millones en 2026, un aumento del 57% que representa una diferencia de unos 200 millones de pesos. Este incremento está vinculado al alza del salario mínimo fijado en 1.750.905 pesos, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que arroja un total cercano a los 2 millones de pesos.
Los detalles de la nueva fórmula
El proyecto sustituye el Título 17 del Decreto 1833 de 2016, que regula la cobertura del rieso de deslizamiento para rentas vitalicias inmediatas y diferidas. Según el texto, el parámetro “será equivalent al promedio aritmético del crecimient real anual de la productividad observado en los últimos diez años, se expesar como porcetaje, se redondeará a dos decimales y no podrá ser inferior al 0%”. La Oficina de Bonos Pensionales será la encargada de comunicar ese valor dentro de los primeros 15 días calandario de cada año. La memoria justificativa del proyecto explica que “incluir la inflación en el parámetro puede elevar el capital exigido a los afiliados, limitar la oferta de estas pólizas y aumentar las presiones sobre el seguro previsional”.
“Una ralentización de las emisiones que podría estar vinculada al mayor valor de esas pólizas, aunque no reproduce esos números en el documento disponible”
Memoria justificativa del proyecto
La cobertura estatal se activará cuando el deslizamiento observado —la diferencia entre la variación porcentual del salario mínimo legal mensual vigente y la variación porcentual del IPC del año anterior certificado por el DANE— supere el parámetro. Si es mayor, la cobertura será positiva y requerirá aval del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis); si es menor, negativa; y si son iguales, neutra. En este último caso, el proyecto estiple que “si la cobertura es neutra no habrá lugar a intercambio de flujos entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las aseguradoras de vida”. Además, el pago de la cobertura se realizará “sin que haya lugar al reconocimiento de intereses por el tiempo transcurrido desde el 1 de enero hasta la fecha de pago de la cobertura”.
El benefici potencial de mantener el parámetro anterior entre 2016 y 2025 se estima en 4,1 billones de pesos de 2025, mientras que el costo fiscal directo ascendería a 0,68 billones. Al cierre de2025, había 107.000 rentas vitalicias inscritas. Con el nuvo mecanismo, las aseguradoras podrán preinscribir e inscribir rentas hasta el 1 de febrero de cada año, y las rechazadas o contratadas en diciembre tendrán un plazo adicional de los primeros 20 días hábiles del año. Para las pólizas de vejez o diferidas emitidas bajo el Decreto 1485 de2025, las compañías podrán acordar ajustes contracuales con el tomador, siempre respetando los derecos adquiridos, la suficiencia actuarial y la sosteibilidad financiera.
Además, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá administrar una reserva estatal contabilizable como activo admisible para las aseguradoras, siempre que cumpla condiciones de reconocimiento oficial, exgibilidad y uso exclusivo como respaldo de reservas técnicas. La modalidad de cobertura dependerá de la disponibilidad presupuestal, sin alterar el parámetro ni las condiciones vigentes al momento de emitir o inscribir cada renta. El Gobieno busca evitar que el costo de la renta vitalicia desplace a afiliados hacia el retiro programado y debilite el respaldo de las pensiones ya contratadas.
