El Consejo de Estado ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II) toda la información relacionada con la compra de tierras por parte del Estado, incluyendo quiénes fueron los vendedores, los precios pagados y las condiciones de cada operación. El alto tribunal rechazó así el argumento de la entidad de que los procedimientos especiales de adquisición de tierras la eximen de las reglas generales de transparencia en la contratación pública. La decisión se originó en una acción interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) durante el gobierno de Gustavo Petro, y ratifica una orden previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitida el pasado 6 de agosto.
La ANT había impugnado esa orden alegando que su procedimiento especial de compra de predios no la obligaba a divulgar toda la documentación en el Secop II. Sin embargo, el Consejo de Estado fue contundente al establecer que no existe disposición alguna que haya relevado o exonerado a la entidad de dicho deber. La sentencia no se limita a un período presidencial, sino que incluye información pendiente de administraciones anteriores, por lo que la actual dirección de la ANT deberá cumplir con la publicación de los documentos correspondientes.
Documentos que deberán hacerse públicos
De acuerdo con el fallo, la ANT deberá publicar actos administrativos, ofertas sujetas a divulgación, avisos y las relaciones de contratos suscritos. Esto permitirá a la ciudadanía y a los organismos de control conocer quiénes vendieron los terrenos, cuánto se pagó por ellos y bajo qué condiciones se realizaron las transacciones. La entidad podrá excluir únicamente aquellos datos que tengan reserva legal, pero en cada caso deberá justificar de manera específica por qué restringe el acceso a esa información, sin que pueda invocar de forma general las particularidades de sus procedimientos.
«No existe disposición alguna que los haya relevado o exonerado de dicho deber»
Consejo de Estado, fallo sobre transparencia en compra de tierras
La decisión cobra especial relevancia si se considera el volumen de recursos públicos destinados a la adquisición de tierras: solo durante el gobierno anterior se invirtieron 5,1 billones de pesos en este rubro, según lo informado por la nueva dirección de la ANT. Aunque la sentencia no identifica irregularidades específicas ni establece montos concretos de transacciones no divulgadas, el acceso a la documentación permitirá examinar en detalle las condiciones de las operaciones y los valores pagados. FEDe. Colombia anunció que solicitará los documentos cuya publicación se haya omitido desde que la obligación era exigible y hará seguimiento al cumplimiento de la sentencia, lo que abre la puerta a un escrutinio ciudadano sobre el uso de los recursos públicos en la política de tierras del Estado colombiano.
