En una movida que promete avivar el debate sobre las prioridades del Estado con las víctimas del conflicto, el representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, radicó una proposición oficial durante las plenarias conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes para recortar 11.402 millones de pesos del presupuesto de inversión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y redirigirlos al Ministerio de Defensa. El objetivo, según el congresista, es saldar una deuda histórica con las familias de militares y policías asesinados por las extintas Farc-EP, que llevan años esperando indemnizaciones que el Estado no ha podido pagar.
La propuesta, que modifica el Presupuesto General de la Nación para 2027, asciende a 11.402.272.009 pesos y se enfoca en el programa de “Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional” de la JEP, específicamente en partidas destinadas a herramientas administrativas y soluciones tecnológicas, no en proyectos de reparación directa a víctimas. Briceño justificó la medida señalando que existen 850 sentencias ejecutoriadas pendientes de pago por un valor total de 685.778 millones de pesos, una demora que ya acumula siete años de retraso, con turnos de pago asignados desde 2019, y que ha generado intereses de mora por 114.999 millones de pesos sobre 358 de esos fallos. “Acabo de firmar esta proposición del Centro Democrático que busca hacerle una nueva reducción a la JEP para llevarlos al Ministerio de Defensa para pagar las indemnizaciones pendientes de las familias de los militares y policías asesinados por las FARC. Justicia”, declaró el representante.
Una deuda que crece y un plazo constitucional en cuenta regresiva
El Ministerio de Defensa reportó, en una respuesta oficial del 8 de septiembre de 2026, la magnitud del rezago: 850 sentencias firmes que suman capital, intereses y costas, una cifra que contrasta con el presupuesto global de 634,9 billones de pesos para el próximo año. Mientras tanto, la JEP, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 e incorporada a la Constitución para investigar, juzgar y sancionar delitos atroces, ha recibido desde 2018 un total de 1,23 billones de pesos en inversión, pero a 28 de septiembre de 2026 solo había ejecutado el 62% de su obligación presupuestal. Su plazo de funcionamiento, fijado inicialmente en 10 años desde marzo de 2018, vence en marzo de 2028, aunque el plazo constitucional total se extiende hasta marzo de 2033. La proposición de Briceño no busca eliminar la JEP, algo que requeriría una reforma constitucional revisada por la Corte Constitucional y que activaría la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional, sino reasignar recursos que considera excedentes en un contexto de apremio fiscal.
La iniciativa ha encontrado respaldo inmediato entre organizaciones de víctimas. La Corporación Rosa Blanca, una ONG que representa a afectados por las Farc-EP, calificó la propuesta como “excelente” y señaló que “ese es el camino para que las víctimas sean reparadas y la plata no se quede en la burocracia internacional inauditable del PNUD”, en referencia al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha intermediado en el manejo de algunos recursos del posconflicto. En un comunicado, la misma corporación instó al Gobierno a corregir lo que consideran “la mayor injusticia en contra de las víctimas de las Farc, perpetrada por el Secretariado”, en alusión a la cúpula de la guerrilla. Con la discusión del presupuesto en marcha en el Legislativo, la proposición de Briceño promete convertirse en uno de los ejes de la pugna entre quienes defienden la autonomía financiera de la JEP y quienes exigen priorizar las reparaciones a los uniformados caídos.
