El presidente Abelardo de la Espriella protagonizó una nueva controversia luego de que se difundieran fotografías en las que aparece brindando con una botella de su marca de licor “Ron Defensor” junto a altos mandos de la Armada, al término de un consejo de seguridad celebrado el sábado 17 de octubre de 2026 a bordo del buque patrullero ARC 24 de Julio, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En las imágenes, difundidas inicialmente por el usuario de X @StevenLievano y replicadas por medios como La Silla Vacía y Cambio, se observa al mandatario compartiendo con el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, comandante de la Armada, y con los ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, además del jefe de gabinete, Nicolás Gómez, y otros oficiales. La escena ha generado fuertes cuestionamientos por la posible promoción de un negocio privado del presidente en el marco de una actividad oficial y por la eventual falta disciplinaria en la que habrían incurrido los uniformados al aparecer en la imagen con copas en la mano, aunque no se ha confirmado si efectivamente consumieron licor.
La visita oficial a la isla tenía como propósito abordar temas de soberanía marítima, control de seguridad y presuntos actos de corrupción en la región, y también incluyó un careo del presidente con la gobernadora Girley Ordóñez Bowie y la representante Elizabeth Jay Pang Díaz por la crisis del hospital departamental, el manejo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) y presuntas irregularidades en contratación. Sin embargo, el brindis con el ron de la marca del presidente, fundada en 2020 y que cuenta entre sus socios con la empresa del cantante Silvestre Dangond, con una participación del 8%, y con la compañía del petrolero Serafino Iácono, con un 2%, opacó la agenda oficial y desató un intenso debate en redes sociales sobre los límites entre la actividad pública y los intereses privados del jefe de Estado. De acuerdo con las imágenes, todos los funcionarios aparecen sosteniendo una copa excepto Nicolás Gómez, y hasta el momento ni la Presidencia ni el presidente se han pronunciado sobre la difusión de las fotografías.
Marco legal y posibles sanciones
El episodio pone sobre la mesa el estricto régimen disciplinario que rige a los miembros de la Fuerza Pública, pues el consumo de bebidas embriagantes durante actos del servicio o portando armas de dotación oficial está tipificado como falta gravísima tanto en el Código Disciplinario Militar como en el Estatuto Disciplinario Policial. La normativa vigente contempla sanciones que pueden llegar a la separación absoluta de la institución y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos, e incluso una investigación por parte de la Justicia Penal Militar y Policial si la conducta deriva en abandono del puesto o uso indebido de armas.
«Consumir bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física o psíquica estando en actos del servicio o portando armas de dotación oficial, munición o explosivos»
Artículo 76, numeral 27, Ley 1862 de 2017 (Código Disciplinario Militar)
«Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes o sicotrópicas, durante el servicio o no permitir la realización de las pruebas físicas o clínicas para su determinación, pese a ser requerido, con plenitud de garantías»
Artículo 45, numeral 27, Ley 2196 de 2022 (Estatuto Disciplinario Policial)
Mientras las autoridades disciplinarias evalúan si las imágenes constituyen una falta, el escándalo añade presión sobre un gobierno ya cuestionado por las denuncias de corrupción en San Andrés y reaviva el debate sobre el uso de la investidura presidencial para favorecer negocios personales. La ausencia de una reacción oficial frente a las fotografías deja abiertas múltiples interrogantes sobre lo ocurrido al término del consejo de seguridad y sobre las responsabilidades de los altos mandos militares que aparecen en la escena, en un hecho que, de confirmarse el consumo de licor, podría convertirse en uno de los mayores escándalos disciplinarios de la administración De la Espriella.
