Cuatro relatores especiales de Naciones Unidas encendieron las alarmas sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre independencia de magistrados y abogados; Bernard Duhaime, relator sobre verdad, justicia, reparación y no repetición; Grażyna Baranowska, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, y Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, enviaron una comunicación conjunta al Gobierno colombiano, con referencia OL COL 10/2026, en la que advierten que tres iniciativas legislativas en trámite podrían afectar la capacidad operativa, la autonomía y la independencia de la JEP, así como comprometer las obligaciones internacionales del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición. La carta, fechada el 29 de septiembre de 2026, fue publicada por la propia relatora Satterthwaite en su cuenta de X, junto con la respuesta oficial del Gobierno, fechada un día después, el 30 de septiembre, y en un contexto marcado por la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027 el 20 de octubre.
La Jurisdicción Especial para la Paz, creada como componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016 e incorporada a la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, enfrenta así una triple amenaza. La primera es el recorte presupuestal incluido en el Presupuesto General de la Nación para 2027. La segunda, un proyecto de reforma constitucional que pretende la revisión automática de sus sentencias por parte de la Justicia Penal Militar. La tercera, un proyecto de acto legislativo que busca reducir su mandato de quince a diez años, lo que implicaría un cierre anticipado de sus funciones en 2028, cuando actualmente su vigencia se extiende hasta 2033. Los relatores señalaron que estas iniciativas, por su alcance y efectos, podrían afectar el funcionamiento autónomo e independiente de la JEP, y recordaron que tales medidas ponen en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano.
Un recorte presupuestal que profundiza el déficit
Las cifras revelan la magnitud del impacto sobre la JEP. La jurisdicción solicitó un presupuesto para 2027 de 947.642 millones de pesos, pero el Ministerio de Hacienda incluyó inicialmente, el 27 de agosto de 2026, una asignación de 821.803 millones de pesos, lo que ya representaba una diferencia negativa de 125.839 millones. El panorama se agravó el 17 de septiembre de 2026, cuando se propuso una reducción adicional de 120.000 millones, trasladados al Consejo Superior de la Judicatura, y el 23 de septiembre, en el primer debate presupuestal, se aprobó un recorte total de 170.000 millones en el presupuesto de funcionamiento de la JEP. Los relatores estiman que el déficit acumulado para la jurisdicción asciende a aproximadamente 300.000 millones de pesos, una cifra que pondría en grave riesgo la continuidad de sus macrocasos y la atención a las víctimas. Esta reducción fue justificada por las Comisiones Económicas Conjuntas como un ejercicio de “racionalización y priorización del gasto público”, un argumento que, a juicio de los expertos de la ONU, no responde a la gravedad de las consecuencias para la administración de justicia transicional.
En su comunicación, los relatores invocaron el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza recursos efectivos, el artículo 14 del mismo pacto, relativo al tribunal competente, independiente e imparcial, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También recordaron el principio 29 del Conjunto de Principios actualizados para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que limita la competencia de la Justicia Penal Militar a infracciones estrictamente militares. Las siete preguntas formuladas al Ejecutivo incluyeron un análisis del impacto del recorte en la JEP, una evaluación desde la perspectiva de derechos humanos, las garantías para culminar las investigaciones en curso si se aprueba el cierre anticipado en 2028, y la compatibilidad de la revisión militar de fallos con la independencia judicial.
La respuesta del Gobierno
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, respondió el 30 de septiembre de 2026 argumentando que las reformas constitucionales deben cumplir con el artículo 375 de la Constitución, que exige su aprobación en dos períodos ordinarios consecutivos, y que además están sujetas al control de la Corte Constitucional. En cuanto al recorte presupuestal, el Gobierno señaló que fue una iniciativa del Congreso de la República, no del Ejecutivo. En su respuesta, el Gobierno también informó sobre cuatro líneas de acción en ejecución para garantizar los derechos de las víctimas: el cumplimiento de las sentencias en firme en los Macrocasos 01 y 03, las condiciones para la imposición de sanciones propias, la articulación interinstitucional con la JEP y la coordinación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Asimismo, el Gobierno solicitó a los relatores precisar si la “reducción anticipada del mandato en 2028” se refiere al proyecto de modificación del artículo transitorio 15 de la Constitución o a otra iniciativa específica.
La relatora Satterthwaite, en su mensaje acompañando la publicación de la carta y la respuesta oficial, subrayó el riesgo que estas iniciativas representan para la construcción de paz en Colombia.
“Estas iniciativas, debido a su alcance y sus efectos, podrían afectar al funcionamiento, la autonomía y la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados
La advertencia de los relatores especiales de Naciones Unidas llega en un momento crucial para el sistema de justicia transicional colombiano, cuando la JEP avanza en los casos más sensibles del conflicto armado y cuando la comunidad internacional observa con atención los pasos del Estado colombiano en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. La discusión sobre el presupuesto, la revisión militar de sentencias y el recorte del mandato no solo define el futuro de la JEP, sino también la credibilidad del país ante sus compromisos internacionales en verdad, justicia, reparación y no repetición.
