La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Alberto Benedetti Villaneda y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, por sus presuntas gestiones ante antiguos jefes paramilitares en el marco del llamado Pacto de Valledupar. La decisión fue adoptada el 20 de octubre de 2026 por la Sala Disciplinaria de Instrucción, con ponencia de la procuradora Patricia Carrillo Blanco, y cobija hechos ocurridos durante la vigencia de 2025, bajo el gobierno de Gustavo Petro.
La investigación se originó por una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien se basó en una entrevista concedida por Angie Rodríguez a la revista Semana, publicada el 1 de agosto de 2026. En esa conversación, la exfuncionaria habría señalado un supuesto plan proveniente de la Presidencia para vincular a dirigentes políticos con organizaciones ilegales, entre ellos a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, presuntamente mediante ofrecimientos a exparamilitares designados como gestores de paz.
El Pacto de Valledupar
Los hechos bajo la lupa disciplinaria se relacionan con las reuniones del denominado Pacto de Valledupar, realizadas los días 24 y 25 de octubre de 2025, en las que participaron funcionarios del Gobierno Nacional y excomandantes paramilitares. El encuentro buscaba avanzar en la política de paz total, pero las declaraciones posteriores de Rodríguez desataron la controversia al sugerir que se habría instrumentalizado a los exparamilitares para afectar a determinados sectores políticos. La Procuraduría deberá determinar si Benedetti y Rodríguez incurrieron en faltas disciplinarias al haber presuntamente gestionado acercamientos con el fin de atribuir vínculos ilegales a esos dirigentes.
El organismo de control aclaró que la apertura de este proceso no implica una declaratoria de responsabilidad disciplinaria, sino que constituye el inicio de la etapa de recolección de elementos probatorios para esclarecer lo ocurrido. Se trata, por ahora, de un auto que da paso a la verificación de los hechos denunciados, dentro de una investigación que avanza y que mantiene en vilo el desarrollo político del país. La noticia sigue en desarrollo, a la espera de las versiones que deberán rendir los implicados y de las pruebas que recaude la Procuraduría para establecer si hubo lugar a las presuntas gestiones ilegales.
