La representante a la Cámara por Bogotá, Carol Borda, del partido Movimiento de Salvación Nacional, radicó dos proposiciones al proyecto de Ley de Sometimiento que actualmente cursa en el Congreso con el objetivo de eliminar los beneficios penales para aquellas organizaciones criminales en las que se registre la presencia de menores de edad, personas secuestradas o redes de explotación sexual infantil. La iniciativa, que modifica disposiciones de la Ley 418 de 1997 sobre orden público e intervención territorial, establece que si en cualquier momento posterior a la solicitud de sometimiento se descubre la existencia de un solo menor o una víctima de secuestro dentro de las filas de la estructura, la organización perderá de forma inmediata e irrecuperable todas las rebajas de pena y demás concesiones jurídicas contempladas en la norma.
Las proposiciones presentadas por la congresista se dividen en dos grupos de modificaciones. El primero de ellos apunta al numeral cuarto del artículo 66A del proyecto, que originalmente establece las obligaciones de quienes aspiren a someterse a la justicia ordinaria, como entregar información sobre la estructura criminal, áreas de influencia, modo de operación y fuentes de financiación, además de suministrar datos para desmantelar economías ilícitas y esclarecer nexos políticos y líneas de corrupción, así como entregar la relación de bienes y activos de origen ilícito como garantía de reparación a las víctimas. El segundo grupo de enmiendas modifica el artículo 27 del proyecto de ley, que regula los beneficios penales propiamente dichos. En ambos casos, la propuesta de Borda es clara: si se comprueba la presencia de menores o secuestrados, la pérdida de beneficios debe alcanzar a toda la estructura o bloque, sin posibilidad de recuperación.
Endurecimiento frente a delitos contra menores
La representante fue contundente al explicar los alcances de su propuesta. «Al terrorista y criminal que se le encuentren un solo menor en sus filas luego de haber solicitado someterse a la ley, no puede haber concesiones cuando se trata de los niños», afirmó Borda, quien además incluyó en las proposiciones el mismo castigo para aquellas organizaciones que oculten redes de explotación sexual, incluida la explotación sexual infantil. La congresista busca que el proyecto, que avanza en las comisiones primeras de Cámara y Senado —donde ya se rechazaron solicitudes de archivo—, no permita que delincuentes que mantengan a menores bajo su control o que operen redes de trata puedan beneficiarse con rebajas de pena.
«Al terrorista y criminal que se le encuentren un solo menor en sus filas luego de haber solicitado someterse a la ley. No puede haber concesiones cuando se trata de los niños»
Carol Borda, representante a la Cámara por Bogotá del partido Movimiento de Salvación Nacional
El contexto en el que se desarrolla este debate incluye la postura del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien ha señalado que la Ley de Sometimiento debe aplicarse de manera paralela al Estatuto Antiterrorista y a una ofensiva militar y policial contra todas las organizaciones narcoterroristas. «La lógica es muy clara: un Estatuto Antiterrorista y una ofensiva militar y policial contra todas las organizaciones narcoterroristas y al mismo tiempo, a las que abrumadas por la fuerza del Estado quieran someterse a la ley, desarmarse, entregar las redes de financiación ilícitas y colaborar con la justicia, pues lo puedan hacer», explicó Lara. Esta visión complementa el endurecimiento propuesto por Borda, al establecer un modelo en el que la presión estatal coexiste con la posibilidad de desmovilización, pero sin margen para quienes involucren a menores o mantengan secuestrados.
Los proyectos de ley que están siendo modificados corresponden a los números 433 de 2026 en Cámara y 296 de 2026 en Senado. La iniciativa original busca prorrogar y modificar disposiciones de la Ley 418 de 1997, creando un mecanismo de sometimiento para integrantes de organizaciones criminales ante la justicia ordinaria, a cambio de rebajas de penas bajo condiciones específicas. Con las proposiciones de Carol Borda, ese mecanismo quedaría sujeto a una condición innegociable: la protección absoluta de la infancia y la prohibición de cualquier beneficio a quienes utilicen a menores, mantengan personas secuestradas o exploten sexualmente a niños y niñas como parte de su actividad criminal.
