El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín aplazó hasta el viernes 30 de octubre, a las 11:00 a.m., la audiencia en la que se definirá si Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y Sebastián Ortega continúan bajo detención domiciliaria o son enviados a prisión. La decisión, que inicialmente estaba programada para el viernes 23 de octubre, se postergó debido a que los archivos de audio de las actuaciones de primera instancia no fueron remitidos completos junto con el expediente, lo que impide al despacho judicial revisar las intervenciones y argumentos previos necesarios para resolver las apelaciones.
El caso investiga presuntas irregularidades en los convenios suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor total de 17.656 millones de pesos, ejecutados entre 2021 y 2023. Miguel Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, mientras que Sebastián Ortega enfrenta un cargo únicamente por peculado por apropiación. La última actuación en primera instancia ocurrió el pasado 3 de octubre, cuando el Juzgado 27 Penal de Medellín impuso detención domiciliaria a Quintero y rechazó la prisión para Ortega.
Aplazamiento por falta de soportes de audio
El titular del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín explicó, según citó El Colombiano, que «no fue allegado ninguno de los registros de audio correspondientes a las diligencias surtidas en primera instancia». Esos registros son el respaldo de las actuaciones de la Fiscalía, la defensa, las víctimas y los funcionarios judiciales, y resultan indispensables para verificar controversias y precisar elementos que no siempre quedan explícitos en el expediente escrito. Sin ellos, el juez no puede estudiar a fondo las apelaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación y el apoderado del Área Metropolitana, que solicitan que ambos procesados sean recluidos en un centro carcelario.
La fiscal 40 anticorrupción había sostenido durante el trámite que la medida cautelar intramural era urgente, aunque consideraba que por sí sola no bastaba para evitar interferencias en el proceso o una posible fuga. Mientras se resuelve la apelación, tanto Quintero como Ortega permanecen en su situación cautelar actual: el primero con detención domiciliaria y el segundo sin medida privativa de la libertad, según lo dispuesto en primera instancia.
«No fue allegado ninguno de los registros de audio correspondientes a las diligencias surtidas en primera instancia».
Titular del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, citado por El Colombiano.
El aplazamiento evidencia una nueva demora en un proceso que ya acumula varias etapas. La audiencia del 30 de octubre será definitiva para definir si los procesados deben ser enviados a prisión, una decisión que la Fiscalía y la víctima consideran necesaria para garantizar el curso de la investigación. Hasta entonces, el expediente permanece a la espera de que el Juzgado 27 Penal de Medellín remita los archivos faltantes para que el juez de segunda instancia pueda pronunciarse.
