El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia, potencia mundial de la vida», la hoja de ruta del gobierno de Gustavo Petro, alcanzó un cumplimiento del 72,5 % al 7 de agosto, según el balance presentado por la Contraloría General de la Nación. Esta cifra se convierte en la más baja entre los últimos tres gobiernos, por debajo del 82,5 % registrado en la administración de Juan Manuel Santos (2014-2018) y del 82,21 % obtenido durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022). El vicecontralor general de la República, Francisco José Chaux, fue el encargado de revelar los resultados de la evaluación, basada en indicadores y sistemas de información institucionales, en la que se detectaron retrasos en metas clave, falencias en los reportes y falta de verificación de los indicadores en los territorios.
Del total de metas evaluadas, solo el 33 % se cumplieron a cabalidad, mientras que el 44 % aún se encuentran pendientes y un 23 % presentan un avance inferior al 50 %. La situación es especialmente crítica en los pactos con pueblos étnicos: de 269 acuerdos evaluados, 149 avanzaron menos de la mitad y 82 no registraron progreso alguno. Estos resultados contrastan con el presupuesto estimado del Plan Nacional de Desarrollo, que asciende a 1,154.8 billones de pesos, de los cuales 743,7 billones fueron asignados a la transformación de seguridad humana y justicia social, la de mayor peso fiscal.
Las transformaciones incumplidas y los retrasos en la reforma rural
La Contraloría identificó demoras significativas en áreas neurálgicas del plan de gobierno, como la reforma agraria, el agua potable rural, la salud pública, las políticas de juventud, la sustitución de cultivos ilícitos y los mencionados pactos étnicos. En cuanto a la reforma rural integral, piedra angular del Acuerdo de Paz, la meta propuesta era entregar y titular cerca de 3 millones de hectáreas a campesinos, pero apenas se gestionaron más de 703.000 hectáreas. En el frente energético, el PND planteaba aumentar en 2.000 megavatios la capacidad de fuentes renovables y no firmar nuevos contratos de exploración minera pesada, metas que también presentan rezagos. Además, se destinaron 50,4 billones de pesos a inversión para la paz, en el marco de la implementación del acuerdo con las Farc.
«La confianza en los planes de desarrollo requiere evidencia verificable entre lo prometido y lo efectivamente alcanzado»
Francisco José Chaux, vicecontralor general de la República
El vicecontralor fue enfático al señalar que la falta de respaldo con pruebas impide validar los avances reportados, y advirtió que esta situación no debería repetirse en ninguna administración. La Contraloría también puso de relieve los problemas en los sistemas de información y en los mecanismos de verificación de indicadores en los territorios, lo que dificulta medir con precisión el impacto real de las políticas públicas. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, aprobado por el Congreso en mayo de 2023, se estructuró en cinco grandes transformaciones: ordenamiento territorial alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transición energética y convergencia regional. Sin embargo, el balance oficial deja en evidencia una brecha considerable entre las promesas de campaña y los resultados concretos al cierre del cuatrienio.
