El expresidente Gustavo Petro cuestionó duramente que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por la primera dama Ana Lucía Pineda, esté recibiendo y administrando donaciones para las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto. Para Petro, los recursos de ayuda humanitaria deben ser manejados por mecanismos estatales y no por organizaciones ligadas a la familia presidencial, al considerar que “el dolor de los colombianos no se debe privatizar”. El terremoto afectó gravemente a los departamentos de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, y desde entonces la fundación de la primera dama se puso a disposición para canalizar las donaciones.
La reacción del exmandatario se produjo el viernes 23 de octubre, después de que el profesor universitario Andrés Sampayo publicara en la red social X una serie de críticas sobre el papel de la fundación en el recaudo de fondos. Según Sampayo, la entidad habría captado más de 54.000 millones de pesos en muy poco tiempo, una cifra que llamó la atención por lo elevada y por la rapidez con que se obtuvo. “Que una fundación ligada a la familia del presidente, constituida el 7 de julio y sin experiencia en manejar recursos, haya captado después del terremoto del 10 de agosto más de 54.000 millones en muy poco tiempo llama la atención”, señaló el académico. Además, advirtió que más del 80 % de ese dinero habría provenido de un solo grupo económico, el cual tuvo participación activa en el respaldo político al presidente Abelardo de la Espriella.
Las críticas de Petro y el llamado a la transparencia
Gustavo Petro replicó el mensaje de Sampayo y fue contundente en su pronunciamiento: “La familia presidencial no tiene por qué manejar recursos de manera privada extraídos del dolor de los colombianos”. En la misma línea, insistió en que “el dolor de los colombianos no se debe privatizar porque aparecerán de inmediato los negocios y no la solidaridad”. El exmandatario exigió que se hagan públicos los recursos de donación y que se manejen “de acuerdo a la ley y no del capricho particular”. Además, propuso que las donaciones internacionales se tramiten a través de la Dirección de Cooperación Internacional, como mecanismo estatal que garantice control y transparencia.
Por su parte, Andrés Sampayo explicó que el conflicto de interés es evidente, pues una entidad presidida por la esposa del presidente no debería administrar recursos de donaciones sin la supervisión del Estado. “Con esa plata se está personalizando algo que le corresponde al Estado”, afirmó el profesor, quien comparó la situación con lo que el politólogo Francis Fukuyama describe como patrimonialismo, es decir, la confusión entre lo público y lo privado en manos de quienes ejercen el poder. Sampayo también criticó que funcionarios del Gobierno, incluido el vicepresidente, hayan compartido contenidos relacionados con la fundación, utilizando canales institucionales para promover el recaudo.
“La familia presidencial no tiene por qué manejar recursos de manera privada extraídos del dolor de los colombianos”
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
La versión de la primera dama y el destino de los recursos
Ana Lucía Pineda ha defendido la labor de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y explicó que los aportes monetarios se destinarán a la reconstrucción, en especial a la construcción de viviendas para familias damnificadas que posean predios aptos para edificar. La primera dama aclaró que los recursos no se emplearon en la primera etapa de ayuda humanitaria, la cual fue cubierta con donaciones en especie como mercados, carpas, colchonetas y alimentos. La fundación trabaja en coordinación con alcaldías y constructoras para identificar a las familias beneficiarias que perdieron sus viviendas y cumplen con las condiciones técnicas para construir. Pineda aseguró que la entidad rendirá cuentas sobre los recursos recibidos y su destinación.
El terremoto del 10 de agosto dejó una profunda huella en la región cafetera y en el occidente colombiano. Mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha respaldado la gestión de la fundación de su esposa, las voces críticas, como las de Petro y Sampayo, han puesto sobre la mesa el debate sobre la transparencia y los límites entre lo público y lo privado en la gestión de la solidaridad ciudadana. El profesor universitario concluyó que “el conflicto de interés es evidente y no hay que probar ningún soborno”, subrayando la necesidad de que el Estado asuma el control de las donaciones para evitar cualquier sombra de duda en medio de una tragedia que aún requiere atención y reconstrucción.
