El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes respondió oficialmente a la acción de tutela admitida por el Juzgado 24 de Familia de Bogotá, informando que el retiro de 22 piezas del Museo Nacional de Colombia se realizó el pasado 15 de octubre de 2026 en cumplimiento de una orden presidencial. Como parte de su defensa, la entidad presentó un inventario detallado de los elementos desmontados, que totalizan 63 objetos, de los cuales 22 fueron clasificados como patrimoniales. La medida, según el Ministerio, se ejecutó en cinco de las diecisiete salas del museo —las salas 7, 11, 13, 15 y 17—, y no implicó el cierre de ninguna de ellas.
El desmonte de las obras se llevó a cabo bajo un estricto protocolo de cuidado y conservación, y las piezas fueron almacenadas en condiciones técnicas de preservación, custodia y almacenamiento acordes con su naturaleza y características. El Ministerio subrayó que la actuación no vulneró derechos fundamentales de los accionantes ni de ningún otro ciudadano, y que se limitó a dar cabal cumplimiento a la orden presidencial. Las salas intervenidas fueron creadas en distintos años: la Sala 7 data de 2003, la Sala 11 de 2019, la Sala 13 también de 2003, la Sala 15 de 2021 y la Sala 17 de 2023.
Las piezas retiradas y su origen
En la Sala 7, dedicada a la memoria y la nación, fueron retiradas nueve obras, entre las que se encuentran «Los interrogantes» (1971) de Carlos Granada Arango, «La paloma» (1976) de Aníbal Gil Villa, «Libertinaje y desorden» (circa 1969) de Carlos Correa, y «La muerte de un desconocido» (1973) de Pedro Alcántara Herrán Martínez. En la Sala 13, cuyo tema es la tierra como recurso, se desmontó «Minería» (2016), una obra textil intervenida de Antonio Caro. De la Sala 17, que aborda la fuerza, la fe y la sustancia, fue retirada la serigrafía «Muerte a la muerte» (1977), también de Pedro Alcántara Herrán Martínez. La Sala 11, centrada en el hacer sociedad, concentró la mayor variedad de objetos, incluyendo el bolígrafo utilizado para la firma del primer Acuerdo de Paz con las Farc (2016), la cédula de José William Ortiz Sánchez (2004), un brazalete del partido Alianza Democrática M-19, la obra «Fanny» (1978) de Miguel Ángel Rojas, y varios documentos y volantes vinculados a movimientos sociales y de género, como derechos reproductivos de la mujer (1993) de la Fundación Si Mujer, el plegable de Planeta Paz (2004), la revista Acénto (1997), un volante promocional del Ciclo Rosa (2001-2002), una camiseta del Grupo de Mamás Lesbianas (2003) y una pieza lésbica de una campaña publicitaria de la marcha LGBT (2006) atribuida a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
La respuesta del Ministerio
En su escrito, presentado en el marco del trámite judicial abierto por la tutela, el Ministerio defendió la legalidad de la medida y aseguró que se actuó con total transparencia. La entidad explicó que se procedió a dar cabal cumplimiento a la orden presidencial, con la desfijación de algunas piezas exhibidas en cinco de las diecisiete salas del Museo Nacional, sin que haya dispuesto su clausura. Asimismo, el Ministerio sostuvo que la remoción de las veintidós piezas se realizó bajo estricto acatamiento del protocolo de cuidado y conservación de las obras y demás elementos que habitaban las salas; en consecuencia, no ha incurrido en violación de derechos fundamentales de los accionantes y tampoco de ningún otro ciudadano.
«Se procedió a dar cabal cumplimiento a la orden presidencial, con la desfijación de algunas piezas exhibidas en 5 de las 17 salas con las que cuenta el Museo Nacional, sin que haya dispuesto su clausura»
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
«Realizó la remoción de las 22 piezas bajo estricto acatamiento del protocolo de cuidado y conservación de las obras y demás elementos que habitaban las salas; en consecuencia, no ha incurrido en violación de derechos fundamentales de los accionantes y tampoco de ningún otro ciudadano»
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
El Ministerio también informó que las piezas retiradas se encuentran bajo condiciones técnicas de almacenamiento, custodia y conservación acordes con su naturaleza y características, en aplicación de los procedimientos institucionales establecidos para garantizar su preservación e integridad. La respuesta fue presentada ante el Juzgado 24 de Familia de Bogotá, que había solicitado un informe detallado, copia de las actuaciones administrativas y aclaraciones sobre la formalización por escrito y el fundamento jurídico del desmonte. Con esta defensa, el Gobierno busca demostrar que la medida no vulneró derechos fundamentales y que se ajustó a los protocolos establecidos, en medio de la controversia generada por el retiro de las obras.
