La defensora del Pueblo, Iris Marín, anunció que presentará una solicitud formal ante la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación para que se priorice de manera inmediata la investigación sobre las acusaciones formuladas por la joven Deicy Jiménez, de 26 años, contra el expresidente Gustavo Petro, quien habría exigido encuentros íntimos a mujeres jóvenes a cambio de otorgarles contratos estatales durante su mandato. La petición, que se dirige a tres instancias distintas -la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la Comisión de la Cámara y el Ministerio Público-, busca que el caso avance con celeridad y con todas las garantías procesales, tanto para la denunciante como para el expresidente, ante la gravedad de los hechos revelados en una entrevista publicada por la revista Semana.
La denuncia de Jiménez, quien asegura conservar conversaciones digitales y documentos contractuales como pruebas, fue difundida a través de un medio de comunicación nacional y ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y judicial. En su testimonio, la joven afirmó que durante el gobierno de Petro se habría establecido una dinámica de abuso de poder, en la cual mujeres jóvenes eran invitadas a reuniones o fiestas y, a cambio de su compañía, recibían beneficios contractuales. «No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos», declaró Jiménez, quien también señaló que otras jóvenes estarían dispuestas a presentar testimonios similares ante las autoridades.
Una solicitud de priorización sin precedentes
En su anuncio, Iris Marín subrayó que la gravedad de la denuncia no da margen de espera y que las autoridades deben actuar con autonomía e independencia, protegiendo a las víctimas sin importar la dignidad de quien pueda llegar a resultar responsable. «Respetuosamente, solicitaremos la priorización inmediata para la investigación de estos hechos, tanto en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y en la Procuraduría General de la Nación», afirmó la defensora, quien explicó que la petición abarca tanto el ámbito penal como el disciplinario.
La defensora precisó que las acusaciones no constituyen prueba por sí mismas y que la responsabilidad penal debe ser determinada por las autoridades judiciales, sin anticipar conclusiones. «Las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben», señaló Marín, quien también pidió que la investigación se adelante sin interferencias y que se proteja a las posibles víctimas. En ese sentido, la defensora insistió en que la autonomía e independencia de los órganos de control son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.
«La gravedad de esta denuncia no da margen de espera. Las autoridades deben operar con autonomía e independencia y proteger a las víctimas, sin importar la dignidad de quien pueda llegar a resultar responsable».
Iris Marín, Defensora del Pueblo
Por su parte, Deicy Jiménez, en la entrevista que dio origen a la solicitud, explicó que su testimonio incluye capturas de conversaciones atribuidas a perfiles que identificó como pertenecientes al expresidente Petro e imágenes de documentos contractuales, cuya autenticidad deberá ser verificada por las autoridades. La denunciante afirmó que «es obvio que cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen». Estas declaraciones han reavivado el debate sobre el ejercicio del poder y las posibles conductas irregulares durante la administración Petro, aunque hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del expresidente ni de sus voceros.
La petición de la defensora del Pueblo se enmarca en un contexto de alta tensión política y social, donde las acusaciones contra un alto exfuncionario generan expectativas sobre la actuación de la justicia. La priorización solicitada busca que las investigaciones avancen con la debida diligencia, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos de las presuntas víctimas. Mientras tanto, Jiménez ha manifestado su disposición a aportar todas las pruebas que obran en su poder y a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos, en un caso que promete marcar un hito en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos en Colombia.
