La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de cinco entidades del orden nacional, por la presunta entrega irregular de contratos estatales a mujeres a cambio de relaciones sexuales. La decisión se adoptó tras las denuncias de la líder y defensora de la población LGBTI, Deicy Jiménez, y vincula al Congreso de la República en su Dirección General Administrativa, al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), al Ministerio del Interior, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y a la Superintendencia Nacional de Salud.
Los hechos que motivaron la actuación del órgano de control están relacionados con una presunta extralimitación en el ejercicio de funciones, acoso y violencia de género, así como irregularidades administrativas en la suscripción de contratos y órdenes de prestación de servicios. La investigación surge a raíz de la entrevista publicada por la revista Semana el 25 de octubre de 2026, en la que Jiménez declaró que recibió contratos en distintas entidades estatales a cambio de sostener relaciones sexuales, una situación que, de acuerdo con el ente de control, podría afectar a un número plural de mujeres vinculadas por motivos distintos a las necesidades del servicio público.
Las entidades deberán responder en un plazo de tres días
La Procuraduría ordenó recopilar información sobre cualquier contrato, orden de prestación de servicios u otra vinculación de Jiménez desde 2019. Para ello, las cinco entidades requeridas tienen un plazo máximo de tres días para entregar la certificación laboral completa, las copias íntegras de los acuerdos, las labores o funciones desempeñadas por la denunciante y los nombres de quienes firmaron los documentos y de los supervisores asignados. Además, se solicitó a la revista Semana la copia completa de la entrevista, junto con los datos de contacto e identificación de la denunciante, con el fin de practicar pruebas que permitan individualizar a los responsables.
En la resolución de apertura, la Procuraduría señaló que los hechos podrían constituir «acoso y violencia de género en contra de un número plural de mujeres que habrían sido vinculadas a través de contratos de prestación de servicios al Estado, siendo la verdadera razón de su contratación otra distinta a la atención de las necesidades propias del servicio público». La investigación, que se tramita con enfoque de género conforme a una circular del 10 de septiembre de 2025, reconoció a Jiménez como sujeto procesal dentro de las actuaciones y ordenó la práctica de pruebas para determinar las condiciones en que se suscribieron los contratos.
«PRIMERO: ORDENAR LA APERTURA DE INDAGACIÓN PREVIA en contra de funcionarios por determinar del Congreso de la República Dirección General Administrativa; Departamento Administrativo de la Función Pública DAPRE; Ministerio del Interior, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y Superintendencia Nacional de Salud; por hechos relacionados con una presunta extralimitación en el ejercicio de funciones, acoso y violencia de género, irregularidades administrativas en la suscripción de contratos, de órdenes de prestación de servicios y conexos».
Procuraduría General de la Nación, resolución de apertura.
De confirmarse las irregularidades, las conductas podrían constituir faltas administrativas, acoso y violencia de género contra las mujeres involucradas. La apertura de la indagación no implica la formulación de cargos contra personas determinadas, pero el expediente podría avanzar a una investigación disciplinaria formal una vez se recopilen los documentos y se identifiquen los funcionarios participantes y las condiciones de los contratos. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda es la encargada de adelantar la práctica de pruebas que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso.
