La Superintendencia de Sociedades admitió formalmente a Legis Editores S. A., una de las editoriales jurídicas más tradicionales de Colombia, en un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116. La decisión, adoptada después de revocar un rechazo inicial ocasionado por una falla técnica en el sistema documental, busca que la compañía renegocie sus deudas y proteja activos que ascienden a 34.180 millones de pesos. El corte de información financiera se estableció al 31 de julio de 2026 y, en contraste con una liquidación, el objetivo es preservar la operación del negocio y llegar a un acuerdo con los acreedores.
La solicitud fue presentada por la propia empresa ante la cesación de pagos derivada de facturas vencidas por más de 90 días, que suman 2.673 millones de pesos y representan aproximadamente el 11 por ciento del pasivo total, lo que permite estimar un endeudamiento cercano a los 24.300 millones de pesos. A esto se suman dos procesos ejecutivos en curso por valor de 3.579 millones de pesos, una deuda con la administración de impuestos de 2.909 millones, aportes pendientes a la seguridad social por 533 millones y obligaciones con trabajadores cercanas a los 44 millones de pesos.
Un referente en transformación digital
Legis Editores nació en 1974 como LEC Editores y adoptó su nombre actual un año después. Durante décadas fue un referente en publicaciones jurídicas impresas en Colombia, pero en los últimos años ha adelantado una costosa transformación hacia plataformas digitales con desarrollos en software, inteligencia artificial, automatización robótica de procesos, minería de datos y comercio electrónico. Esas inversiones han presionado la caja de la compañía al tiempo que enfrentaba restricciones financieras, aunque el valor de sus activos, estimado en 34.180 millones de pesos, supera el total de sus pasivos y descarta una quiebra patrimonial.
Efectos del proceso y pasos siguientes
Con la admisión en el proceso de reorganización, quedan suspendidas las nuevas acciones de ejecución y los embargos contra la empresa, tal como lo establece la Ley 1116. Sin embargo, la compañía queda sujeta a un control judicial estricto: no podrá vender activos esenciales, constituir garantías ni pagar obligaciones anteriores sin autorización de la Superintendencia. A partir de la admisión, Legis dispone de un plazo de dos meses para presentar un inventario actualizado, la calificación de créditos y una proyección de flujo de caja que permita estructurar el acuerdo con sus acreedores.
El caso de Legis no es aislado en el sector gráfico colombiano. Metropolitan Printer, otra empresa del mismo ramo, ingresó recientemente a un proceso de reorganización con pasivos por 27.850 millones de pesos, lo que refleja las dificultades que enfrenta la industria en medio de la transición digital.
