El Gobierno Nacional expidió una nueva línea de crédito directo destinada a que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) puedan saldar sus deudas pendientes con hospitales, clínicas y proveedores del sistema, en una medida que busca aliviar la crítica situación financiera que atraviesa el sector. Así lo establece la Resolución 002445 del 22 de octubre de 2026, emitida por el Ministerio de Salud, que delega en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) la función de girar los recursos directamente a los acreedores, sin que el dinero pase por las arcas de las EPS. La iniciativa, enmarcada en un plan de choque, aplica para las obligaciones relacionadas con medicamentos y procedimientos que fueron prestados, suministrados y facturados entre el 1 y el 20 de septiembre de 2026, y que permanecen reportados como pendientes de pago.
El mecanismo, que estará disponible para solicitudes hasta el 28 de febrero de 2027, contempla un único crédito por EPS con desembolsos que pueden realizarse en uno o varios giros, siempre y cuando las facturas hayan sido previamente conciliadas y reconocidas por la ADRES. La línea ofrece condiciones financieras favorables, con una tasa equivalente a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin puntos adicionales, un periodo de gracia de hasta doce meses y un plazo posterior de hasta doce meses para cancelar el capital en cuotas mensuales. Los intereses, sin embargo, comienzan a correr desde el momento de cada desembolso, incluyendo la vigencia del periodo de gracia, y en caso de mora se aplicará la tasa establecida para obligaciones tributarias administradas por la DIAN, según lo detallado en la resolución ministerial.
Fortalecimiento del control y vigilancia
La medida incluye un componente de supervisión reforzado, pues las EPS que accedan al crédito deberán suscribir convenios de desempeño con el Ministerio de Salud y la ADRES, comprometiéndose a cumplir con metas específicas de gestión y atención. Además, se creará una Mesa de Seguimiento interinstitucional que revisará periódicamente la evolución de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, mientras que la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá vigilancia especial sobre aquellas EPS que no utilicen la línea, para determinar si persisten obligaciones pendientes que justifiquen otra clase de intervención. El diseño del programa excluye expresamente a las EPS que se encuentren en intervención forzosa administrativa para liquidar o que hayan solicitado su retiro voluntario del sistema de salud.
Como garantía de pago, la ADRES exigirá un pagaré a cada EPS beneficiaria y tendrá la potestad de descontar las cuotas directamente de los recursos futuros que deba reconocerles, incluso podrá solicitar el pago total anticipado si la entidad incumple sus compromisos o entra en proceso de liquidación. La norma es tajante al prohibir que las EPS condicionen la cancelación de las facturas a descuentos, condonaciones u otras contraprestaciones, buscando proteger los flujos de caja de los prestadores. En última instancia, el Ministerio de Salud definirá la viabilidad de la operación y el monto total disponible, mientras que la ADRES determinará el cupo específico por EPS con base en los pendientes reportados, en un esquema que busca dar respuestas concretas a la crisis de liquidez que afecta a hospitales, clínicas y proveedores de todo el país.
